El abogado Calatayud no ha cobrado de forma indebida, según el Cabildo
El informe elaborado por los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote ha confirmado que el abogado Ignacio Calatayud no ha percibido honorarios indebidos durante su intervención en el procedimiento concursal de Inalsa. El documento, solicitado por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, deja sin base legal la moción presentada por el PSOE en el último pleno, que instaba a la institución a exigir la devolución de los cobros efectuados por el letrado.
El informe ha aclarado que no existe ninguna resolución judicial que imponga al abogado la devolución de los importes cobrados, ni condena en costas en su contra. Al contrario, la condena de costas aludida por el grupo socialista en su iniciativa plenaria recae sobre la UTE Edam Janubio, y no sobre Calatayud.
Según ha explicado el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, «este informe deja claro que no hay que emprender ningún tipo de acción por parte del Cabildo o de Inalsa para reclamar ningún cobro indebido». El dirigente insular ha criticado la actitud del PSOE, al que acusa de manipular los hechos con fines políticos.
Un informe que desactiva la polémica
La polémica se originó a raíz de una moción presentada por el grupo socialista en el pleno celebrado el martes pasado, en la que se proponía trasladar a Inalsa la solicitud de exigir a Calatayud la devolución de unas costas judiciales que, según argumentaba la portavoz del PSOE, Ariagona González, habrían sido percibidas indebidamente. Sin embargo, el informe jurídico desmiente este extremo.
El documento destaca que los tribunales ya han validado la legalidad de los pagos efectuados al abogado. El decreto de la secretaria judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 y un auto del 15 de noviembre de 2024 del Juzgado de Instrucción número 4, archivando definitivamente la causa contra Calatayud, respaldan la versión del letrado.
Según este auto judicial, los honorarios correspondientes a los incidentes concursales fueron pactados con las partes vencidas en juicio, pagados directamente por estas y homologados judicialmente. No existe ningún indicio de que se hayan cargado facturas a Inalsa ni al Consorcio del Agua.
También se menciona que el presupuesto de honorarios presentado en 2010 por Calatayud fue supervisado y aprobado por la Administración Concursal. Las costas cobradas posteriormente derivan de sentencias que condenaron a otras entidades a abonar dichos importes, sin intervención económica por parte de la empresa pública insular.
Una cuestión ya resuelta en sede judicial
El portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo, Samuel Martín, ha asegurado que «la estrategia del PSOE ha intentado resucitar un asunto que está zanjado administrativa y judicialmente». Según ha recalcado, la documentación del procedimiento habría estado en manos del letrado designado por la anterior presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, desde 2021, sin que se haya facilitado en su integridad hasta la fecha.
Martín ha acusado al PSOE de «difundir mentiras y calumnias» y ha pedido una rectificación inmediata. También ha recordado que el intento del grupo socialista de personarse en la causa fue rechazado por el Juzgado de Instrucción número 4, que lo consideró «espurio y dilatorio» en un auto del 21 de noviembre de 2024.
El Cabildo de Lanzarote, el Consorcio del Agua y la empresa Inalsa no pueden reabrir un procedimiento judicial que ha sido archivado por distintas instancias judiciales. Con esta nueva confirmación legal, el grupo de gobierno insular considera cerrado definitivamente el debate sobre los cobros de Ignacio Calatayud.
