El TS exige al Gobierno atender a los menores no acompañados en Canarias
El Tribunal Supremo ha emitido una contundente resolución en la que exige al Gobierno central la adopción urgente de medidas para garantizar los derechos de un millar de menores no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias con intención de solicitar asilo.
En el auto, hecho público tras la vista celebrada el pasado 29 de mayo, el Alto Tribunal advierte de un “claro incumplimiento” por parte del Estado, que no ha evaluado a ningún menor en los últimos dos meses, ni ha elaborado un listado completo y preciso de los mismos.
La Sala recuerda que estos menores tienen derechos específicos reconocidos por la legislación internacional, especialmente por su situación de vulnerabilidad y necesidad.
El Supremo acusa a la Administración estatal de desentenderse de su responsabilidad, ya que ni ha garantizado las condiciones adecuadas de acogida —de su competencia exclusiva— ni ha actuado para resolver la masificación en la tramitación de solicitudes de asilo.
Cuatro medidas clave ordenadas al Gobierno
En su resolución, el Supremo impone un calendario concreto de actuaciones:
1. En 30 días, se deben dotar de medios personales y materiales las oficinas de tramitación para que las solicitudes se resuelvan con agilidad (máx. 6 días entre manifestación de voluntad y solicitud formal).
2. En 15 días, se debe articular una colaboración eficaz con el Gobierno de Canarias, incluyendo recursos humanos, materiales y económicos, además de fijar un calendario de reuniones.
3. Se exige la identificación de responsables dentro de cada Ministerio implicado. De no hacerlo, se considerará responsables a los titulares ministeriales.
4. El Ejecutivo deberá informar cada 15 días del avance del cumplimiento. En caso contrario, el tribunal aplicará medidas coercitivas según la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Este pronunciamiento representa un serio toque de atención al Gobierno central por parte del máximo órgano judicial del país, y pone el foco en una realidad que afecta de manera directa a todas las islas del Archipiélago, incluida Lanzarote, que también acoge a parte de estos menores en su red de atención.
