Una comisión lanzaroteña analiza la nueva Ley de Empleo Público
En un esfuerzo por analizar a fondo el impacto de la nueva Ley de Empleo Público de Canarias, informan desde el Cabildo de Lanzarote que han constituido una comisión de expertos que se encargará de estudiar el anteproyecto de esta normativa, actualmente en fase de tramitación. La ley, que afectará a más de 35.000 empleados públicos en la administración local de las Islas Canarias, busca abordar las necesidades y los retos del empleo público en el ámbito local, uno de los sectores más cercanos a la ciudadanía.
La iniciativa, impulsada por el Área de Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote y dirigida por el consejero Miguel Ángel Jiménez, tiene como objetivo aportar un análisis técnico y riguroso que contemple la realidad del personal que trabaja en los cabildos, ayuntamientos, mancomunidades y consorcios. Esta acción nace con el fin de asegurar que la futura ley contemple de manera efectiva las particularidades del empleo público local y no se limite a replicar las condiciones aplicadas a la administración autonómica, como es el caso de la comisión creada por el Gobierno de Canarias, que se enfoca en los empleados públicos autonómicos.
La comisión está compuesta por responsables de recursos humanos de los cabildos y de los cuatro grandes municipios del archipiélago, así como por cuatro expertos independientes en la materia. Durante su primera reunión, celebrada el pasado 10 de abril, se debatieron las principales implicaciones de la nueva ley, enfocándose en las carencias que presenta la normativa actual, que data de 1987. Según David Hernando, director insular de Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote, esta ley no ha contemplado las necesidades específicas de la administración local, lo que ha llevado a que el sistema de empleo público en este ámbito no haya evolucionado de manera acorde a los tiempos actuales.
«Desde Lanzarote hemos querido dar un paso adelante y ofrecer un foro técnico que garantice que la nueva ley contemple también la singularidad del empleo público local. No se trata solo de mejorar las condiciones laborales, sino de adaptar el sistema a los desafíos actuales y futuros, con el fin de que la administración local sea más moderna, eficaz y esté mejor preparada para servir a la ciudadanía», explicó Miguel Ángel Jiménez.
Necesidad de actualización y modernización
Durante la primera sesión de trabajo, Fernando Fariña, funcionario local y profesor del INAP, presentó un análisis de las reformas legislativas más recientes en el ámbito del empleo público. Fariña destacó que la legislación vigente no ha tenido en cuenta la estructura de la administración local, que requiere de soluciones específicas debido a su cercanía con los ciudadanos. En las siguientes reuniones, se contará con la participación de expertos de renombre como el catedrático Carles Ramió, quien actualmente lidera la reforma del sector público en Cataluña, y Federico Castillo, Secretario de la Unión de Municipalistas, quienes ofrecerán su visión sobre la reforma del empleo público en el contexto local.
Uno de los miembros de la comisión subrayó que, debido a la cercanía de la administración local con los ciudadanos, esta debe tener en cuenta sus particularidades y debe ser flexible para responder a las necesidades específicas de las islas. «La ley de 1987 no contemplaba esas características diferenciadas de la administración local», señaló el miembro, «por lo que la nueva normativa debe corregir esta carencia fundamental».
Miguel Ángel Jiménez resaltó que la nueva legislación no puede basarse en una estructura obsoleta. “El Cabildo de Lanzarote apoya esta iniciativa y continuará promoviendo espacios de reflexión y mejora del servicio público, con especial atención a la profesionalización y la formación continua del personal», afirmó. De esta forma, se busca no solo mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos locales, sino también garantizar una gestión pública moderna que pueda afrontar los desafíos de un entorno en constante cambio.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, valoró esta acción como una muestra del compromiso del grupo de Gobierno con la mejora continua de la administración pública. “Este esfuerzo refleja nuestro compromiso con la excelencia en la gestión pública y la formación del personal, elementos clave para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa», señaló Betancort.
Las conclusiones de esta comisión, que se seguirán trabajando en las próximas semanas, serán trasladadas a la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias. Se espera que las propuestas generadas sirvan de referencia para la redacción final de la nueva ley, la cual, según los expertos, debe abordar problemas estructurales que afectan al sistema de empleo público local desde hace décadas.
