Sólo 4 de los últimos 11 análisis óseos a inmigrantes los dan como menores


El Cabildo de Lanzarote y la Comunidad Autónoma asisten en estos momentos a 190 supuestos menores en la Isla. 

El Instituto de Medicina Legal acaba de remitir a la Fiscalía los últimos once diagnósticos de pruebas óseas y ortopantografías, para la firma del decreto de minoría de edad, constatando en el informe que sólo cuatro de ellos aún no han cumplido los 18 años.

Han sido unos datos anunciados hoy por la directora de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Carmen Morales, queriendo remarcar que “el porcentaje de adultos que no se declaran como tales es bastante alto“.

En la actualidad, Lanzarote cuenta con dos dispositivos de emergencia para atender a los inmigrantes que van llegando a la isla después de la declaración de Situación de Emergencia Humanitaria decretada por la primera institución insular: uno situado en Yaiza, gestionado por el Cabildo, y otro en el Albergue de La Santa, competencia del Gobierno de Canarias.

Recuerdan desde Infancia que los menores serán distribuidos paulatinamente por el resto de las islas una vez que vayan obteniendo el decreto emitido por la Fiscalía que acredite su minoría de edad.

Según fuentes del Gobierno, ese reparto se hará siguiendo el pacto suscrito por la Federación Canaria de Islas (Fecai) hace unas semanas, cuando decidió reeditar el acuerdo de 2002 y asumir la distribución solidaria de estos jóvenes según criterios de equidad y proporcionalidad.

Cómo se fija la declaración de desamparo

El procedimiento para fijar la minoría de edad comienza con la declaración ante el juez de la persona que llega en patera a las islas. El juez exige una serie de pruebas y comisiona a los cuerpos de seguridad del Estado el traslado del joven al hospital para realizar la radiografía de la muñeca y la ortopantomografía dental que determine la maduración de los terceros molares. Estos dos exámenes son necesarios para calcular la edad de los chicos.

El resultado de estas pruebas se traslada a los dos forenses del Instituto de Médicina Legal, que son los que firman la minoría o no de edad después de revisarlas y tras entrevistar a cada uno de los supuestos menores.

El diagnóstico se envía a la Fiscalía de Extranjería en Las Palmas de Gran Canaria, que es quien rubrica el decreto determinando la edad.

Sólo una vez concretada la edad es cuando la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia puede proceder a firmar la resolución de declaración de desamparo y el juez ordena que se proceda el traslado a otras islas.

Los supuestos menores permanecen en el albergue de La Santa y en el municipio de Yaiza.

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