Críticas al Ejecutivo por su política para combatir el fraude laboral

Nueva Canarias lamentó tras el debate del estado de la nacionalidad la “poca sensibilidad” del Gobierno regional al rechazar una propuesta de resolución del grupo parlamentario que instaba al Ejecutivo a intensificar las medidas del plan contra el fraude y la explotación laboral usando recursos de la Consejería de Empleo.

Según NC, para combatir la explotación de la que son víctimas trabajadores sobre todo del sector turístico y, en concreto, el colectivo de camareras de piso que laboran en el Archipiélago, “es imprescindible cubrir todas las vacantes del Instituto Canario de Seguridad Laboral”.

Nueva Canarias recuerda que dicho ente se encarga de la prevención de riesgos laborales tales como asistencia y cooperación técnica, información, divulgación, formación, “pero también de investigación en materia preventiva y seguimiento de la actuaciones preventivas que se realicen en las empresas que darían paso posteriormente a las inspecciones correspondientes y que en este momento son mínimas al no disponer de personal”.Gladys Acuña

La propuesta de resolución en el debate del estado de la nacionalidad canaria va al hilo del planteamiento hecho por la diputada Gladys Acuña a principios de marzo cuando solicitó al Gobierno en comisión parlamentaria la redacción de un programa de actuación en materia de seguridad en el trabajo y riesgos laborales específico para las camareras de piso que fuese abanderado por el Instituto Canario de Seguridad Laboral con la finalidad “de acabar con la precariedad que viene sufriendo y denunciando un colectivo (camareras de piso) que aglutina a más de 15.000 trabajadoras en toda Canarias y cerca de 2.000 en la isla de Lanzarote”.

Acuña también trasladó al Gobierno canario la necesidad de acompañar dicha iniciativa con la dotación de recursos humanos a efectos de ejecutar el programa con garantías de cumplimiento. Nueva Canarias sostiene que ante la evidencia de la vulneración de derechos no es suficiente la anunciada colaboración de cuarenta inspectores del Gobierno de España.

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