Malestar por el ritmo para la puesta en marcha del búnker de radioterapia

La Asociación Pro Derechos Humanos de Canarias (APDHC) se ha alineado a la reivindicación de la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzatote (AFOL) sobre el “nuevo retraso” en la apertura del servicio de Radioterapia en Lanzarote.

Hay que señalar que la Isla cuenta con un servicio de Oncología en el Hospital José Molina Orosa, que actualmente sitúa su plantilla en cinco oncólogos, prestando asistencia quirúrgica oncológica en los servicios de cirugía, ginecología, dermatología, oftalmología, urología, traumatología y otorrinolaringología. No obstante, desde las asociaciones de pacientes recuerdan que el principal centro hospitalario de la Isla no cuenta con un servicio de radioterapia, por lo que los pacientes que la requieren deben trasladarse a Gran Canaria, con los costes personales, familiares y económicos que eso requiere.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Canarias lamenta esta semana que lo que parecía la culminación de este proceso, es decir, la construcción y puesta en marcha del búnker de radioterapia, ahora sitúe la apertura del servicio “en el tercer trimestre de 2023”, según han señalado desde la propia Gerencia lanzaroteña.

“De nuevo más de un año de `prórroga´”, se quejan en la APDHC. “El argumento actual es el retraso en la compra del acelerador lineal, el cual ya estaba presupuestado pero que debe adquirirse con fondos europeos, lo cual es un proceso complicado y largo”. Además, una vez comprado, explican también que se debería adaptar el búnker y dotarlo de permisos, lo cual retrasaría su inauguración presuntamente a la fecha de fines de 2023, según ha denunciado la APDHC.

El trabajo de AFOL y las listas de espera

Desde el año 2016, la Asociación AFOL reivindica la incorporación de la radioterapia en la cartera de servicios públicos de Lanzarote. Las asociaciones de pacientes siempre han defendido que esto sería muy beneficioso para las personas que sufren esta grave enfermedad, además de que contribuiría a la reducción de los costes debido a la derivación de estos pacientes a Gran Canaria.

Además, para la APDHC, “el retraso” en esta infraestructura se suma a “retrasos existentes en la atención médica especializada, con demoras de más de un año para una primera consulta en especialidades tales como traumatología, dermatología, ginecología, oftalmología… Así como en la realización de pruebas diagnósticas complementarias, lo que genera retrasos en el diagnóstico de enfermedades tales como el cáncer, reduciendo así las opciones de tratamiento, calidad de vida y supervivencia de esta enfermedad”.

Todo ello, continúan argumentando, “deja en una grave situación de inequidad sanitaria a la población lanzaroteña respecto al resto del territorio nacional, con una merma de sus derechos en salud, lo cual consideramos una situación intolerable”.

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