La Cámara exige agilizar la obra pública y evitar el desplome de la Construcción

Aunque la Construcción ha mantenido cierto dinamismo durante este primer año de crisis originada por la Covid-19, impulsada por las obras y reformas de la iniciativa privada, estiman desde la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa que las previsiones son ahora “preocupantes ante el frenazo de la inversión privada, paralizada y sin actividad”.

Con más de veinte mil personas en ERTE y cerca de otras veinte mil en paro en Lanzarote, ven en la Cámara “prioritario agilizar la obra pública” para mantener la actividad de este sector, afirman hoy, ya que su derrumbe “podría suponer el mazazo definitivo para la ya complicada situación social que se vive en la isla”.

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa apunta hacia la estimulación de esta obra pública como solución. “Si conseguimos acelerarla a tiempo, podríamos evitar el fatal pronóstico. La Ley prevé que en situaciones excepcionales se pueden realizar contrataciones por los procedimientos de urgencia y emergencia. La emergencia queda reservada para situaciones extraordinarias de peligro o necesidad y permite saltarse ciertos trámites. El procedimiento de urgencia, sin embargo, respeta la Ley de contrataciones públicas recortando los plazos a la mitad”.

La FECAM y la FECAI, “con los deberes sin hacer”

También subrayan desde el ente cameral que la Administración Pública “tiene que reaccionar ante esta situación ya que son la FECAI (Federación Canaria de Islas) y la FECAM (Federación Canaria de Municipios) los dos organismos que deben liderar la coordinación entre las administraciones locales para que todas las licitaciones de obra pública se tramiten por la vía de urgencia”, tal y como sostienen en la Cámara insular.

Argumentan que son muchos los expedientes de contratación de obra pública por parte de todas las administraciones públicas (ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias y sus organismos dependientes) los que podrían tramitarse por procedimiento de urgencia “para frenar esta hemorragia”. Y aclaran que según el artículo 119 de la Ley de Contratos del sector público, el procedimiento de urgencia se puede utilizar por razones de interés público y tiene como ventaja que goza de ‘preferencia de despacho’ en los distintos departamentos, con un plazo máximo de cinco días para los informes o trámites que correspondan.

Además, añaden, los plazos de licitación, adjudicación y formalización son en su mayoría reducidos a la mitad.