“Las malas prácticas bancarias también afectaron a las administraciones”

La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, afirmaba este martes que “las malas prácticas bancarias durante la época de la abundancia, de las que fuimos conscientes en el inicio de la crisis, afectaron a muchos pequeños ahorradores pero también a cientos de administraciones públicas”.

Decía esto a colación de la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que rechaza la demanda del Banco Santander contra la resolución del Consistorio capitalino que declaraba nulo de pleno derecho el Contrato Marco de Operaciones Financieras que regula las operaciones de permutas financieras de tipos de interés (SWAP) suscrito en 2004 entre la institución municipal y la entidad bancaria. Aunque cabe interponer recurso de apelación, que sería resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Le reclamarán al Banco más de 3M€

Según explican desde el Ayuntamiento, esta herramienta financiera ha llegado a costar a la institución, en el período comprendido entre 2004 y 2011, un total de 3.341.000 euros, que ahora podrá reclamar al Banco Santander. El fallo judicial rechaza la pretensión indemnizatoria, a quien además obliga a pagar las costas.

Dicha resolución, que cancelaba la herramienta financiera, fue aprobada en la sesión plenaria celebrada en febrero de 2013, “por ser perjudicial para las arcas municipales”, aclaran desde el consistorio.

“En el caso de Arrecife, la decisión del grupo de Gobierno CC-PSOE de denunciar el SWAP ha dado sus frutos y hoy la ciudadanía dispone en la caja común de más tres millones de euros recuperados a través de la acción legal, motivo por el cual no podemos sino sentirnos satisfechos”, añadía la alcaldesa.

Hay que recordar que el Ayuntamiento, presidido entonces por Manuel Fajardo Feo, tomó la decisión, a pesar de que el contrato no terminaba hasta 2014, en virtud de los informes que aseguraban que la continuidad del mismo podían suponer para el Consistorio perjuicios de “imposible o difícil reparación”, llegándose incluso a verse amenazada la elaboración de los presupuestos municipales.

CC señala hacia el mérito de Mariate Lorenzo

El actual concejal de Hacienda, Samuel Martín, ha alabado en este asunto la labor de la entonces responsable del Área económica de la capital, María Teresa Lorenzo. “Se detectó que existía un posible perjuicio económico para el Ayuntamiento y se decidió iniciar el procedimiento administrativo de revisión que hoy ha terminado dándonos la razón”, ha subrayado.

“Ahora debemos seguir confiando en la justicia y que la entidad bancaria devuelva al Ayuntamiento, el dinero perdido por estos productos tóxicos”, añade el edil.