El Senado pide flexibilizar el control europeo a la pesca artesanal canaria
El Pleno del Senado ha aprobado una moción en defensa de la pesca canaria que reclama una aplicación flexible y adaptada del reglamento europeo de control pesquero. La iniciativa, presentada por el senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés, contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, que optó por la abstención.
La moción insta al Gobierno de España a defender ante la Unión Europea una interpretación “flexible y proporcionada” del Reglamento (UE) 2023/2842, con el objetivo de garantizar la viabilidad, seguridad y continuidad de la pesca artesanal y de bajura, especialmente en territorios con singularidades como Canarias.
Durante su tramitación se incorporaron enmiendas de distintos grupos, entre ellos ASG y AHÍ, así como aportaciones del BNG y Junts, que ampliaron el alcance de la propuesta para incluir las realidades de la pesca artesanal gallega y de la flota mediterránea catalana. El texto final refuerza así la petición de un enfoque diferenciado para los distintos territorios y tipos de flota.
Singularidades de las regiones ultraperiféricas
En el debate, San Ginés defendió la necesidad de compatibilizar los objetivos de trazabilidad, control de capturas y lucha contra la pesca ilegal con la realidad operativa de las embarcaciones tradicionales. Según expuso, la aplicación actual del reglamento impone a la flota artesanal obligaciones diseñadas para la pesca industrial, lo que dificulta la actividad diaria y eleva los costes.
La moción subraya que en regiones ultraperiféricas como Canarias el impacto de estas exigencias se ve agravado por factores como la fragmentación territorial, la lejanía del continente, las condiciones oceanográficas y la estructura tradicional de la flota. En este contexto, el texto recuerda que el propio reglamento europeo contempla cláusulas de flexibilidad y adaptación, así como el amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
El acuerdo aprobado solicita, además, que las medidas de control y localización se ajusten a la realidad técnica y económica de la pesca de bajura; que se establezcan regímenes específicos y calendarios graduales para su aplicación; que se refuerce el diálogo con el sector; y que se garantice apoyo técnico y financiero suficiente para cumplir las nuevas obligaciones sin poner en riesgo la viabilidad de la actividad.
