El Gobierno cierra para el profesorado de Secundaria las 18 horas semanales

Tras la inversión prevista de 63,7 millones de euros para la contratación de 1.250 docentes, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy un acuerdo por el que se establece, a partir del curso escolar 2019/2020, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente no universitario en 18 horas.

Desde el curso 2012, estos colectivos vieron cómo se incrementaba su jornada lectiva hasta las veinte horas, dentro de las medidas de ajuste aprobadas por el Estado para hacer frente a la crisis económica.

Ahora se recupera el horario anterior a ese año y se recupera el que establecía la Orden de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, donde se recoge 18 horas lectivas y 6 complementarias.

El acuerdo de hoy es posible una vez que el Congreso de los Diputados eliminó a restricción para rebajar las horas lectivas para este profesorado por debajo de las veinte horas, a través de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.

Tirando de superávit

Tal y como explicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la rueda de prensa posterior al Consejo, la Ley aprobada hace poco más de dos meses establece que “con la finalidad de hacer efectivas las previsiones contenidas en esta Ley por parte de las Administraciones Educativas, la Administración General del Estado establecerá un marco de financiación adecuado y suficiente”.

Una vez aprobada la Ley, el Gobierno de Canarias solicitó su cumplimiento a la Ministra de Educación y Formación Profesional, quien, sin embargo, evitó comprometerse en la aplicación de la Ley que había impulsado. De ahí que el Gobierno de Canarias esperase hasta la celebración del último Consejo de Ministros de la pasada Legislatura estatal, para conocer cuál sería ese marco de financiación adecuado y suficiente que, sin embargo, nunca se llegó a aprobar, según explican hoy desde el Gobierno.

Argumentan desde el Ejecutivo que “ante ese incumplimiento, el Ejecutivo autonómico tomó la decisión de recurrir al superávit de las cuentas autonómicas, para poder disponer de los recursos necesarios para implantar esta medida”.

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