El Ayuntamiento de Yaiza informa sobre el desalojo del centenar de personas ocupas

Desde el Ayuntamiento de Yaiza ha emitido este martes, día 16 de enero, un comunicado de prensa donde detallan los pasos administrativos protagonizados por la Institución en referencia al desalojo por parte de la justicia en 34 viviendas ocupadas de Playa Blanca, un problema social donde estaban implicadas 99 personas.

Hay que recordar que un juzgado lo ordenó y fijó para este martes el desalojo del centenar de personas en Playa Blanca basándose especialmente en el riesgo de derrumbe de los inmuebles. El mismo se ha producido sin incidentes y con la presencia de la policía.

Comunicado

1. «El Ayuntamiento de Yaiza informa que en el marco de sus competencias y atendiendo la petición de la Justicia y el deber de colaboración entre administraciones públicas, emitió un completo informe elaborado por el Área de Servicios Sociales de la Institución sobre la situación de las personas habitantes de 34 viviendas en construcción ocupadas sin autorización de sus legítimos propietarios localizadas en la calle Malvasía de Playa Blanca, informe este remitido antes del 3 de enero de 2024, la fecha prevista para el desalojo que finalmente se produjo por decisión judicial este martes 16 de enero, finalizando la diligencia sobre las 14:00 horas.
2. Servicios Sociales constató desde el año pasado la ocupación de viviendas por parte de 99 personas, 75 adultos y 24 menores, de los cuales al menos 68 están en situación administrativa irregular. El escrito de la Justicia instaba al Ayuntamiento a adoptar las medidas oportunas que permitieran evitar situaciones de desprotección de aquellas personas especialmente vulnerables. Como hecho casi que común, los ocupantes de las viviendas carecen de estabilidad laboral debido principalmente a que están pendientes de culminar la tramitación de su residencia legal en España.
3. Tras contactos con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, el gobierno municipal de Yaiza, en cabeza del alcalde, Óscar Noda, y la concejala de Servicios Sociales, Karina Centeno, propuso alternativas para la reubicación de las familias más vulnerables, entre esas alternativas, las casas conocidas como las de Medio Ambiente de Yaiza, la residencia de la Escuela de Pesca situada en Arrecife, el albergue de La Santa y el albergue del Aula de la Naturaleza de Máguez, siendo este último inmueble el consensuado con el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, para una solución habitacional temporal a 22 personas a partir de este mismo martes. El Ayuntamiento se comprometió a ofrecer el servicio de transporte para el traslado de las personas afectadas a Máguez y también el transporte diario de los menores escolarizados en el municipio de Yaiza para garantizar la continuidad de sus clases.
4. El informe municipal avisó en su momento de la presencia de familias vulnerables en hogares con niños y niñas, personas con discapacidad, cinco mujeres embarazadas, personas mayores e incluso un enfermo oncológico. Es más, ya existían solicitudes registradas en el Ayuntamiento por los propios afectados del lanzamiento pidiendo informe de vulnerabilidad.
5. El Ayuntamiento también emitió un informe técnico exponiendo que los inmuebles no reunían las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad de utilización, pero en ningún caso en riesgo de ruina o derrumbe como se ha publicado en medios de comunicación.
6. Las competencias en materia de Vivienda son de la Comunidad Autónoma de Canarias, así lo recoge la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias en su artículo 7. Este hecho es indiscutible, así que el Ayuntamiento, por falta de competencias, tiene escaso margen de actuación en un asunto tan sensible como de difícil solución por la escasez de vivienda de alquiler y sus precios desorbitados en Lanzarote. Son factores determinantes que lastran la búsqueda de soluciones habitacionales inmediatas para las personas afectadas, de hecho, el gobierno de Yaiza indagó entre grandes propietarios de viviendas para abordar el alquiler de inmuebles por la vía de emergencia y no fue posible, porque incluso hay personas desalojadas que aseguraron estar en capacidad de pagar un alquiler.
7. El Ayuntamiento desde octubre solicitó colaboración al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y también en octubre hizo lo propio con el Cabildo de Lanzarote, en concreto, Yaiza pidió asistencia a la Primera Corporación insular para reubicar a las familias de forma provisional mientras dispusieran de otra alternativa de techo. El Instituto Canario de la Vivienda confirmó que dentro del programa Pro-hogar no contaba con alternativa habitacional alegando la falta de informes sociales de vulnerabilidad, que por supuesto fueron enviados. Yaiza remitió un informe adicional sobre cuatro familias concretas pedido por el ICAVI.
   El Cabildo por su parte expuso en noviembre que valoraría el modo de intervenir, como podría ser el pago de alquileres, pero advirtiendo la dificultad porque la mayoría de personas que han solicitado informe de vulnerabilidad se encuentran en situación administrativa irregular, sin embargo, luego sí pidió información del número de familias con menores a su cargo y otras valoraciones socioeconómicas que el Ayuntamiento cumplió con enviar. Entre tanto, Yaiza también gestionó ayudas de alimentos y ayudas económicas, informes sociales de beca escolar e informes de derivación al Cabildo de Lanzarote y Cáritas.
8. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento siempre han estado vigilantes a la situación de las familias vulnerables para tender la mano dentro de las competencias municipales, subrayando que la solución de reubicación de las familias por parte de la Justicia es una clara competencia del Gobierno de Canarias, por tanto, sin una delegación pertinente, Yaiza no puede actuar en materia de vivienda.
   Lo que sí ha hecho el Ayuntamiento es cumplir con su obligación de informar, valorar, orientar, asesorar y hacer seguimiento a las personas afectadas por el desalojo y lanzamiento judicial de viviendas, atendiendo la debida colaboración con otras administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad, que asimismo tienen la obligación de cumplir con el mandato de la Justicia. El alcalde, Óscar Noda, en nombre de la Institución, pone en valor el trabajo de los técnicos y de todo el personal de Servicios Sociales por su diligencia en la atención de esta situación y todas las actuaciones inherentes al área.
9. Por último, Yaiza recuerda que ya cedió una parcela de 42.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales en Playa Blanca. El Ayuntamiento espera que el ICAVI saque a concurso la redacción del proyecto para ejecutar las primeras 126 viviendas destinadas al mercado de alquiler social. Aparte, el Ayuntamiento propuso al Gobierno de Canarias la compra de viviendas en una urbanización de Playa Blanca como medida rápida y efectiva para paliar un problema estructural de Canarias y el país acrecentado por la gran cantidad de inmuebles que forman parte del mercado vacacional».

El PSOE ve pasividad en el Gobierno y Cabildo

Por otra parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, ha reprochado “la intolerable pasividad del Cabildo y el Gobierno de Canarias ante el desalojo”.

González ha señalado que este desalojo, basado según advierten las actuaciones judiciales en el riesgo de derrumbe de las viviendas, puede ser inevitable, “pero lo que sí se puede y debe evitar es el drama que supone para las familias afectadas”.

“Durante el mandato pasado, ante este tipo de situaciones el Cabildo reaccionó y de la mano de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias se arbitraron soluciones habitacionales, incluso derivando a familias a Fuerteventura”, ha recordado la portavoz socialista.