El alcalde declarará en la investigación por la anulación de multas de tráfico
El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha remitido a la Justicia el informe interno encargado por el Ayuntamiento sobre presuntas anomalías en la anulación de multas de tráfico desde el año 2016. El regidor ha sido citado como testigo y comparecerá el próximo 9 de junio ante el juzgado que instruye el caso.
Según la información difundida por el consistorio, la investigación municipal se inició el 18 de octubre mediante una providencia firmada por el alcalde. El objetivo era revisar todas las sanciones supuestamente retiradas o anuladas en el sistema informático CGI, identificar expedientes afectados y determinar qué usuarios realizaron cada operación.
El Ayuntamiento sostiene que el análisis se puso en marcha tras recibir comunicaciones desde la Concejalía de Policía Local. Entre las primeras medidas adoptadas figuró el bloqueo temporal de la capacidad de anulación o cancelación en el sistema para usuarios no autorizados por Alcaldía.
Investigación judicial abierta
La causa se tramita en el juzgado de instrucción número 3, después de que la Fiscalía presentara una querella contra siete trabajadores municipales, según la versión facilitada por el Ayuntamiento.
El informe interno también solicitó a la empresa responsable del sistema la extracción de registros históricos, permisos de usuarios y movimientos realizados en el módulo sancionador, además de un informe técnico en diez días hábiles.
Asimismo, se ordenó a la Jefatura de la Policía Local remitir una relación certificada de las multas afectadas y a la Secretaría General emitir informe jurídico sobre posibles vías de revisión, revocación o continuación de expedientes.
Otra de las instrucciones incluidas en la providencia fue reactivar aquellas sanciones anuladas que todavía estvieran dentro de plazo legal y pudieran continuar su tramitación sin prescripción o caducidad.
De acuerdo con los datos municipales, la investigación abarca cerca de 2.300 multas presuntamente anuladas entre 2016 y 2025, por una cuantía próxima a 600.000 euros.
Los documentos fueron trasladados a la Fiscalía en enero de 2026 a través de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.
