Derechos Humanos en Canarias exige al Estado que combata la trata de personas

La Fundación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en las Islas Canarias estima que durante este año 2020 han llegado vía marítima al archipiélago unas veinte mil las personas migrantes.

Desde la delegación canaria exhortan hoy a que “se luche contra la trata de personas”, y que los organismos estales pertinentes “hagan caso a las voces de los representantes públicos canarios y de la ciudadanía canaria, en general, que exigen una solución inmediata; con control de la inmigración y de las fronteras, aplicación coercitiva de la ley a los traficantes de personas, acopio de información confidencial, amparo del poder Judicial, así como acatamiento a la Legislación nacional e internacional y apoyo en los mecanismos habilitados el efecto por la Diplomacia Internacional”.

“Así mismo”, continúan argumentando en un comunicado la FIDH, “es necesario que se mejoren las infraestructuras actuales, las estrategias y que se cree un plan de contingencia para poder articular los servicios sociales y humanos imprescindibles, además de la atención médica y psicológica necesaria para dar una respuesta real, a un problema real”, exponen.

Campamentos improvisados

La denuncia de la FIDH en Canarias apunta a que los inmigrantes “han sido alojados en campamentos improvisados que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad”, encontrándose «hacinados en carpas, sin apenas capacidad de movilidad, con el mínimo de recursos para su supervivencia y siendo retenidos en esas condiciones cerca de veinticuatro días”. Argumentan que esto excede, dicen, “las 72 horas que establece la Ley como máximo en su artículo 61.1.d cuando, indicando las medidas cautelares que se pueden adoptar cuando se incoe un procedimiento sancionador, expone que se podrá adoptar la “detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento”. En cualquier otro supuesto de detención, apostillan desde la FIDH, “la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a 72 horas.”.

Y continúan desde la ONG: “Ante el desbordamiento de los campamentos improvisados para migrantes, en las últimas horas se han liberado a cientos de migrantes en la isla de Gran Canaria, produciéndose además desplazamientos a otras islas sin control administrativo, sin ningún tipo de garantías sociales, sanitarias, sin posibilidad de vivienda o alojamiento, sin tener regularizada su situación con la administración pública, ni capacidad de sustento o acceso a productos alimenticios de primera necesidad. Generando un estado de enorme desamparo para los migrantes y eliminando el acceso a sus derechos básicos como seres humanos”.

Separación de familias

El equipo técnico de la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en Canarias confirma que ha estado realizando el seguimiento de la crisis migratoria desde finales del año 2019, cuando se recibió la información y se constató que los migrantes menores llegados a las islas “estaban siendo separados de sus padres, por falta de espacio en los CIE de Canarias”.

Uno de los motivos que propició esta situación fue el cierre hasta el día 24 de septiembre de 2020 de los CIE de Barranco Seco y Hoya Fría, permaneciendo a día de hoy cerrado el CIE de la isla de Fuerteventura, por parte del Ministerio del Interior (este centro permanecía vacío desde 2012 y que se clausuró definitivamente en junio de 2018), “y porque no se dio, tras su cierre, una alternativa ante una posible oleada de migración”, según la FIDH en las islas.

Añaden que, a la vez, “tampoco se creó ningún plan de contingencia o de emergencia para uno de los problemas más acuciantes que tienen las Islas Canarias, por su situación geográfica e histórica”, según exponen desde Derechos Humanos Islas Canarias, antes de denunciar que se han estado aplicando “en determinados momentos la separación de los menores de sus padres”, a pesar de lo que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Critican también desde la FIDH que la situación ha provocado que muchos de esos menores hayan sido separados de sus progenitores “al ser enviados a los CIE; a lo que nuestras fuentes de información han añadido que en los CIE se da un contexto, si cabe, de mayor desamparo de los menores, al estar expuestos a posibles episodios de agresión físicas y/o psicológica”.

Insisten en que la ONG ha constatado en las últimas semanas que la situación de los migrantes en general en las islas “ha seguido deteriorándose y que los derechos fundamentales de los migrantes se han estado violando sistemáticamente, hechos que han sido denunciados”, concluyen.