Denuncian riesgo de despojo de más de 100 propietarios de Puerto Calero
La Asociación de Propietarios de Marina Puerto Calero Yaiza ha denunciado públicamente que el Gobierno de Canarias ha introducido una enmienda legal en los Presupuestos Generales autonómicos que favorece a Puerto Calero Marinas SL y pone en peligro la propiedad de viviendas, atraques y locales comerciales adquiridos legalmente durante las últimas décadas.
Según denuncian, una disposición oculta en la Enmienda 8.8 permitiría al concesionario recuperar el control de espacios previamente vendidos, sin compensación, al expirar la concesión original. Una maniobra que, aseguran, se ha llevado a cabo sin transparencia ni debate público, pese a afectar a más de 100 propietarios, incluyendo a familias y pequeñas empresas lanzaroteñas.
“Es un atropello institucional. Una ley redactada a medida de los intereses privados de un operador y avalada por el Ejecutivo regional”, lamenta la Asociación.
Una cronología que indigna
Febrero 2024: Puerto Calero solicita prórroga de concesión.
Septiembre 2024: Los propietarios piden acceso al expediente, sin respuesta.
Diciembre 2024: Se aprueba la polémica enmienda en los presupuestos.
Junio 2025: El Gobierno aprueba la renovación sin considerar los derechos de los actuales propietarios.
Entre los afectados hay empresas que generan más de 300 empleos directos, 26 familias con viviendas desde hace tres décadas y 200 usuarios de atraques. Todos ellos podrían ver anulados sus derechos adquiridos si no hay una rectificación.
“Hemos mantenido la marina durante 40 años. Le hemos dado vida, valor y atractivo. Ahora nos quieren apartar para entregarla en bandeja a una empresa privada”, denuncian.
La Asociación propone una solución equitativa: que cada propietario contribuya proporcionalmente a los costes de la prórroga. Pero de momento, lo aprobado deja toda la decisión en manos del concesionario.
Ante el cierre del plazo de alegaciones (previsto para el 12 de julio), los vecinos han solicitado formalmente una ampliación del mismo. “No pedimos privilegios, pedimos justicia y participación”, afirman.
