Crítica de CC “al sistemático levantamiento de reparos” en contrataciones

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote denuncia este miércoles lo que define como “sistemático levantamiento de reparos de legalidad por parte de la presidenta insular, bajo el pretexto del Covid19, para todos los gastos motivados por la pandemia”.

Los nacionalistas, que también denuncian “el desvío de gastos hacia los entes autónomos, en un intento de huida del control directo de la Intervención”, han solicitado, por otra parte, un listado de los contratos menores suscritos en 2020.

Según explica el portavoz de CC-PNC, Pedro San Ginés, tras diez meses de pandemia, y si bien tiene amparo que hasta la finalización del primer Estado de Alarma se realizaran determinados gastos urgentes que fueran objeto bien de informe de disconformidad, bien de reparo de legalidad por parte de la Intervención, a la hora de fiscalizar los gastos realizados, “lo que no es de recibo es que, una vez finalizado este el pasado 21 de junio, se sigan realizando cuantiosos gastos sin sacar a concurso la prestación de los servicios vinculados a las necesidades derivadas de la pandemia, desoyendo las orientaciones de la Dirección general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, que concluye diciendo que ‘Una vez que desaparezca o se atenúe la situación de emergencia, las prestaciones necesarias para continuar con las incidencias del virus deben ser contratadas de acuerdo con los trámites ordinarios de la ley de contratos’. Y de ahí los reparos de Intervención”, señala el portavoz.

Limpieza, seguridad o catering

Los nacionalistas afirman que, desde que comenzó la pandemia y hasta la fecha, “la práctica totalidad de los gastos de desinfección, limpieza, catering o seguridad que ha asumido el Cabildo en los distintos dispositivos y servicios habilitados, han sido objeto de reparo de legalidad y, en otros casos, de informe de disconformidad, por lo que han tenido que ser objeto bien de levantamiento de reparo por parte de la presidenta, bien convalidadas las facturas según el caso”.

“De los datos que disponemos se desprende que solo hasta el mes de septiembre (no había Estado de Alarma de julio a septiembre) y ya estamos terminando enero, hay una docena de facturas que superan los 700.000 euros gastados de esta forma ‘irregular’. Siete meses después de finalizar el Estado de Alarma que dio cobertura a la emergencia, siguen saltándose los procedimientos establecidos en la Ley de contratos del sector público, pues tal y como dicen los informes de Intervención “no consta incoación de expediente de contratación que dé cobertura a la continuidad de las prestaciones, una vez solventada la emergencia”, añade por su parte el consejero nacionalista Samuel Martín.

Asimismo, recuerda que si bien se decretó en octubre un nuevo Estado de Alarma, que sigue en vigor, “este no da cobertura a la contratación por emergencia como lo hacía el primero”.

Piden aclaraciones

Por otra parte, el Grupo Nacionalista denuncia “el total oscurantismo y la falta de respuesta del Gobierno del Cabildo a las solicitudes de información acerca de los gastos de similar naturaleza que el ejecutivo, huyendo de la fiscalización directa de la Intervención, ha desviado a los entes que dependen de la institución.”

Tal es el caso, añaden, del contrato de los tres economistas contratados por la Sociedad de Promoción Turística “y que la presidenta sigue sin entregarnos tras mostrarlo en pleno y comprometerse públicamente a entregarlo a su término, o un decreto de Presidencia (se adjunta) para compra de 100.000 mascarillas por más de 300.000 euros (3 euros la unidad), que inexplicablemente no ha sido ni anulado ni ejecutado y terminó encomendándose al Consorcio de Emergencias, al que se ha desviado más de 1.000.000 euros, ante los seguros reparos de Intervención del Cabildo, sin que tampoco el Consorcio haya respondido aún a la solicitud de información requerida al respecto desde el día 29 de diciembre”.

Por otro lado, Coalición Canaria felicita y reconoce “el magnífico trabajo que ha venido y continúa realizando todo el equipo humano del Consorcio de Emergencias antes y durante la pandemia, y en absoluto se trata de cuestionar su trabajo sino todo lo contrario, lo que nos genera dudas y exigimos, es el derecho a despejar si los procedimientos de contratación tampoco allí se han ajustado a la norma, en qué se ha gastado el dinero y, en su caso, si han sido o no igualmente objeto de reparo como ocurre con prácticamente todos los gastos por el Covid en el Cabildo”, señalan en un comunicado.