Condenas de prisión y multas a varios acusados en la trama Castellano

Antonio Machín (izq), Dimas Martín y Ubaldo Becerra, durante una de las sesiones del juicio.

La Audiencia Provincial de Las Palmas condena al fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, a una nueva pena de siete años y cinco meses de prisión por varios delitos relacionados con la utilización de los dineros públicos en beneficio propio y de su partido, dentro de una de las piezas del caso Unión (trama Castellano).

En esta trama corrupta ha sido además condenado a ocho años de cárcel el ex concejal del PIL, Antonio Machín (la pena más alta de las impuestas. Él negó los hechos). La sentencia condena también a cuatro años y dos meses de cárcel al ex concejal Ubaldo Becerra. Y Carlos Sáenz, ex interventor del Ayuntamiento, es condenado a tres años y seis meses de prisión. El ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, también es condenado aunque evitará la prisión por este asunto.

Todos han sido sentenciados también al pago de multas.

Por otro lado, la empleada del Ayuntamiento capitalino, Elena Martín (hija de Dimas), igual que el empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, han sido absueltos: “No se ha podido deducir con la convicción necesaria que una condena exige…”, señala una parte de la sentencia sobre estos dos acusados. En el caso de Rosa, la Audiencia subraya que “la aportación de un contrato de trabajo no era requisito necesario para acceder al tercer grado” por parte de Dimas Martín.

Trama delictiva

En concreto, la sala sexta de la Audiencia ha condenado a Martín por malversación de caudales públicos, asociación ilícita, prevaricación y cohecho. Le obliga al pago de 223.000 euros con concepto de multa.

La sentencia explica que “no puede quedar duda alguna que Dimas Martín tanto por teléfono, como en reuniones personales y por carta, impartió instrucciones para que determinados asuntos del Ayuntamiento de Arrecife se resolviera en la manera y forma que él deseaba y ordenaba a sus tres “subordinados”, concejales del Ayuntamiento de Arrecife y tesorero del PIL, existió un reparto de papeles para conseguir una única finalidad: el lucro personal y del partido a costa del erario público”, detalla.

Junto al resto de condenados deberá abonar además casi 130.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife.

“Eran los concejales acusados los que elegían las empresas a las que se invitaba a la contratación, sin que fuera llamada ninguna otra, procediéndose a la adjudicación sin ningún tipo de control o fiscalización por parte del interventor Carlos Sáenz, faltando los concejales y el interventor acusados a los deberes de lealtad en la gestión de los recursos públicos que por sus cargos les correspondía”, relata la sentencia en una rargumentación a este caso.

Hay que recordar que esta pieza del caso Unión nació tras la denuncia presentada por José Antonio Castellano, empresario que denunciaba que había tenido que pagar una comisión de casi 100.000 euros para poder cobrar una deuda de algo más de un millón de euros que el Ayuntamiento de Arrecife tenía con su empresa.

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