CC responde al PSOE que «la investigación a Corujo» parte de Anticorrupción
Coalición Canaria (CC) de Lanzarote y La Graciosa ha respondido a las críticas realizadas por el PSOE contra el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y ha defendido que la «investigación abierta» -señalan textualmente- sobre la expresidenta de la Corporación insular, Dolores Corujo, parte de la Fiscalía Anticorrupción y no de una iniciativa del actual grupo de gobierno. Hay que recordar que esta asunto se produce en medio de la investigación del caso Sosa.
En un comunicado, la formación nacionalista afirma que quien ha apreciado la posible comisión de varios delitos por parte de Corujo «no es ni Oswaldo Betancort ni Coalición Canaria, sino la Fiscalía Anticorrupción».
La respuesta de CC llega después de que el PSOE cuestionara la decisión del Consejo de Gobierno del Cabildo de autorizar al presidente insular a emprender acciones legales relacionadas con la investigación que afecta a la exmandataria socialista. El PSOE, en concreto, criticó la contratación del director insular David Montes, abogado, para acometer esta tarea.
San Ginés acusa a Corujo de una «cacería judicial»
El secretario insular de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, sostiene que durante la etapa de Dolores Corujo al frente del Cabildo se promovió una «cacería judicial» contra él por el denominado caso de la desaladora.
Según afirma, la entonces presidenta ocultó al Consorcio del Agua y a los alcaldes informes jurídicos que, a juicio de CC, exculpaban al expresidente del Cabildo, y optó por contratar asistencia jurídica externa para sostener la acusación. San Ginés recuerda que finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo.
En el comunicado, el dirigente nacionalista también asegura que durante ese proceso se destinaron recursos públicos a difundir notas de prensa relacionadas con el caso y afirma que fue objeto de una condena pública antes de que existiera una resolución judicial firme.
Por otro lado, San Ginés vincula la investigación que afecta a Dolores Corujo con la incorporación de un consejero no adscrito al grupo de gobierno durante el anterior mandato. En este sentido, sostiene que la expresidenta utilizó fondos públicos para garantizar el apoyo de un tránsfuga mediante un decreto que le aseguraba una retribución, unos hechos que, según indica, forman parte de las diligencias que se investigan.
Coalición Canaria añade que la decisión del Consejo de Gobierno de facultar a Oswaldo Betancort para ejercer acciones legales se adoptó tras conocer el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y a propuesta de los servicios jurídicos del Cabildo y de la Dirección Insular de Presidencia.
