Betancort asegura que no ha mediado para allanar el camino judicial de San Ginés

El presidente del Cabildo de Lanzarote, el nacionalista Oswaldo Betancort, ha respondido hoy a la acusación del PSOE de utilizar la Institución para defender los intereses judiciales de su compañero de partido, Pedro San Ginés. El PSOE le atribuye su intervención para paralizar la causa penal que se sigue contra el ahora senador de la Comunidad Autónoma, Pedro San Ginés, ante presidente del Cabildo, en relación con el proceso del concurso de acreedores en el que se vio envuelta la empresa pública de aguas Inalsa.

Betancort ha dicho que ”fue la anterior presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo la que saltándose el procedimiento establecido en los estatutos del Consorcio y de Inalsa, ordenó presentar recusación contra el juez que instruía la causa, Ricardo Fiestas. Tal es así que la hemeroteca se llenó de manifestaciones de los distintos alcaldes asegurando no haber participado en votación alguna al respecto”, añade el máximo dirigente de la Corporación Insular.

Explica luego el presidente que “ante la necesidad de refrendar dicho acuerdo, los servicios jurídicos del Cabildo entendieron que por razones de respeto institucional ni el Cabildo ni el Consorcio deben entablar recusaciones a los jueces, pues debemos respeto y confianza a la institución que representan. En tal sentido se presentó escrito del que soy conocedor, pero no autor ni material ni intelectual”, añade el presidente.

Responsabilidad de la dirección letrada

“Respecto a la relación con el abogado que llevaba la dirección letrada del procedimiento, es cierto que se le dijo que esperará a recibir instrucciones, pero tales instrucciones no se le dieron nunca, sino que se le comunicó que la dirección letrada iba a ser asumida por los servicios jurídicos del Consorcio, comunicándosele personalmente en reunión con la jefatura de los Servicios Jurídicos del Cabildo Insular”, añade Betancort.

“Pero, aunque ahora quieran ver fantasmas, la realidad es que no existe más motivo que su contrato, que como el de tantos otros profesionales había finalizado desde hacía ya un año. Por lo que los asuntos jurídicos que no tenían contrato en vigor fueron asumidos por los servicios jurídicos del Cabildo. El resto de irregularidades de la contratación no considero, por respeto, que deban ser mencionadas por mi parte. Este que está aquí no ordenó nada a ese respecto. Son criterios jurídicos adoptados por la nueva dirección letrada, los servicios jurídicos del Cabildo, de incuestionable imparcialidad y objetividad, y ajenos a estrategias políticas en el seno de los procedimientos judiciales”, concluye el presidente.