Ben Magec denunciará ante la UE las obras del puerto de Playa Blanca

Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que la autorización otorgada por la Consejería regional de Obras Públicas para la actual ampliación del puerto de Playa Blanca “incurre en causas de nulidad de pleno de derecho, y que por tanto quién autorizó es posible que haya prevaricado”.

Sobre el asunto, anunciael colectivo que preparan una denuncia a la Comisión Europea por incumplimiento de las directivas de protección y evaluación ambiental. “Nos parece absolutamente incongruente que se utilicen fondos FEDER bajo el epígrafe de desarrollo sostenible para construir infraestructuras que atentan contra el medio ambiente”, argumentan desde Ben Magec-Ecologistas en Acción.

El enlace Playa Blanca-Corralejo lidera las cifras de transporte de pasajeros y mercancías entre los puertos dependientes de Puertos Canarios.

Apuntan los ecologistas que tras consultar el expediente, han “descubierto” que la adscripción de las nuevas obras de ampliación “no se ha terminado de efectuar antes del inicio de las obras tal y como establece la Ley de Costas. Por lo que consideramos que las mismas no cuentan con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente”.

Consideran que “existen numerosas irregularidades en la tramitación del expediente, que hacen que la ejecución de las obras iniciadas hace unos meses sea manifiestamente ilegal”. Recordando que el colectivo ecologista ya presentó el pasado enero una denuncia al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

El argumento de Ben Magec se centra en que el proyecto de ampliación del Puerto de Playa Blanca ha sido trazado dentro de los límites del Espacio Protegido de la Red Natura 2000: “Lugar de Interés Comunitario Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura”. El proyecto supondrá un aumento de superficie de más de 38.000 metros cuadrados, y una serie de impactos que, según las ecologistas, “no han sido debidamente evaluados; ni el espacio protegido, ni la afección a los sebadales del entorno, las tortugas y los cetáceos, que justifican la declaración del mismo, son mencionadas en la Declaración de Impacto Ambiental.

Ben Magec-Ecologistas en Acción afirma que en el expediente hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2014 que condiciona la adscripción de los bienes de dominio público marítimo terrestre, (necesario para ejecutar las obras de ampliación) a que la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, presente una modificación sobre los usos en la zona de servicio del puerto, puesto que la presentada inicialmente incumple la legislación de costas, antes de que éste pueda ser adscrito, según la versión de Ben Magec. “Es más, con las obras ya iniciadas, la Demarcación de Costas le requiere en 2018 a Puertos Canarios que cumpla inmediatamente con las condiciones impuestas por el Ministerio, lo que entendemos que es una prueba de que existen serias irregularidades en la tramitación, y que las obras nunca debían haber comenzado”, asegura una portavoz de Ecologistas en Acción de Las Palmas de Gran Canaria, colectivo que inició las averiguaciones en la federación.

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