El PSOE advierte de que la nueva Ley del Suelo abre la puerta a la especulación
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Nayra Alemán defendió esta semana en el Pleno del Parlamento de Canarias la enmienda a la totalidad presentada por su formación contra el proyecto de ley del Gobierno autonómico para actualizar la Ley del Suelo. Los socialistas reclaman la devolución del texto al Ejecutivo de CC y PP al considerar que la reforma debilita las garantías ambientales, reduce la capacidad de decisión de las administraciones locales y genera inseguridad jurídica.
Durante su intervención, Alemán sostuvo que la iniciativa no supone una simple modificación técnica para agilizar trámites administrativos, sino que plantea dos modelos diferentes de ordenación territorial. Frente a la propuesta del Gobierno, que calificó de «desreguladora e insostenible», defendió una planificación basada en la protección de la biodiversidad, el desarrollo urbano sostenible, la autonomía municipal e insular y la promoción de vivienda protegida.
Uno de los principales argumentos del PSOE se centra en las posibles incompatibilidades constitucionales de varios artículos del proyecto, señaladas también por el Consejo Consultivo de Canarias. Este órgano ha cuestionado la adecuación a la legislación básica estatal de los artículos 123, 154.4 y 172.
El primero elimina determinados requisitos estratégicos y de necesidad sobrevenida o urgente para los Proyectos de Interés Insular o Autonómico. Según Alemán, este cambio podría convertir una figura excepcional en una vía ordinaria para impulsar actuaciones públicas y privadas al margen de la planificación territorial.
La diputada también cuestionó el artículo 154.4, que permitiría modificar la clasificación del suelo atendiendo a situaciones de hecho sin suficiente justificación de interés general, y el artículo 172, relativo a posibles exenciones de obligaciones urbanísticas vinculadas a las plusvalías.
Críticas a la pérdida de competencias y a la protección ambiental
La parlamentaria socialista denunció además una reducción de las competencias de los siete cabildos y los 88 ayuntamientos. En este sentido, recordó las objeciones planteadas por los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura y la oposición de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) a los Proyectos de Renovación Especial de Suelos Industriales, al considerar que limitan la capacidad municipal de decisión urbanística.
Otro de los aspectos cuestionados es la tramitación urgente del proyecto, que ha reducido los plazos de participación y, según el PSOE, se ha desarrollado sin informes de organismos como la Agencia Tributaria Canaria, el Consejo de Espacios Naturales Protegidos y la Red Canaria de Reservas de la Biosfera.
En materia ambiental, Alemán alertó de que la reforma podría facilitar nuevos usos comerciales e industriales en suelo rústico protegido y permitir el silencio administrativo positivo en determinadas obras provisionales. También señaló la preocupación expresada por colectivos ecologistas como Ben Magec, Turcón y Attahay.
Por último, el PSOE considera que el proyecto no aprovecha la reforma para abordar la emergencia habitacional. Alemán criticó que se mantengan cesiones de plusvalías urbanísticas que considera insuficientes y que se permita sustituir la entrega de suelo para vivienda protegida por compensaciones económicas o parcelas situadas fuera del ámbito de actuación.
La diputada resumió la enmienda socialista en cinco exigencias: seguridad jurídica, autonomía institucional, protección ambiental, acceso a vivienda asequible y consenso social y territorial. «La plusvalía la genera la comunidad y debe retornar a la ciudadanía en forma de suelo público para construir vivienda protegida», defendió durante el debate.
