El TSJC ordena avanzar con la orden de demolición parcial del Princesa Yaiza
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha requerido al Ayuntamiento de Yaiza para que avance, sin más dilación, con los trámites necesarios para ejecutar la demolición parcial del Hotel Princesa Yaiza, en Playa Blanca. La orden judicial obliga a contratar la redacción del proyecto técnico y la dirección de las obras, en cumplimiento de una sentencia dictada en 2005 que anuló la licencia con la que se construyó el establecimiento.
El auto, fechado el 29 de octubre de 2026, concede al Consistorio un plazo de un año para redactar el proyecto. Una vez terminado, la demolición deberá ejecutarse en un periodo máximo de dos años. El coste de los trabajos corresponderá a la empresa propietaria, Hotel Princesa Yaiza SA.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo también exige al alcalde que informe al tribunal, en un plazo de seis meses, sobre el estado de tramitación del procedimiento.
El tribunal rechaza paralizar la ejecución
La resolución desestima los dos recursos de revisión presentados por la sociedad propietaria contra las decisiones judiciales que habían requerido al Ayuntamiento actuar para ejecutar la demolición. También rechaza suspender el procedimiento hasta que exista un nuevo planeamiento urbanístico y fija en 300 euros las costas de los recursos.
Los magistrados consideran que la sentencia de 2005 lleva casi dos décadas sin cumplirse y advierten de que la presentación sucesiva de procedimientos para intentar legalizar el inmueble no puede convertirse en un mecanismo para retrasar indefinidamente una resolución firme.
El auto atribuye responsabilidad tanto a la empresa propietaria como al Ayuntamiento de Yaiza por la prolongada falta de ejecución. Sobre los recursos presentados por la mercantil, el tribunal habla de actuaciones dilatorias y aprecia, especialmente en el segundo, «mala fe procesal y abuso de derecho».
La Sala recuerda además que un acuerdo municipal de enero de 2016 ya había declarado imposible la legalización del edificio y ordenado su demolición, sin que los trabajos hayan comenzado.
La solución finalmente aceptada parte de un informe técnico presentado por el Ayuntamiento en noviembre de 2024 y de la propuesta de la Fundación César Manrique. El procedimiento contempla redactar el proyecto a partir de ese informe y licitar posteriormente las obras.
El tribunal justifica los plazos concedidos por la complejidad técnica de la demolición. También descarta que la posibilidad de aprobar un futuro planeamiento urbanístico permita paralizar el cumplimiento de la sentencia.
En el procedimiento han intervenido, entre otras partes, Club Lanzarote SA y la Fundación César Manrique, que han defendido la ejecución del fallo judicial.
