El Consorcio del Agua avanza en el fin del contrato con Canal Gestión

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha dado un nuevo paso en el procedimiento para finalizar su relación contractual con Canal Gestión Lanzarote, tras aprobar en Asamblea General una serie de acuerdos destinados a reforzar la posición jurídica de la entidad ante una posible cesión del servicio o una eventual resolución del contrato.

Entre los acuerdos adoptados figura la desestimación del recurso de reposición presentado por Canal Gestión contra el reintegro de 1,5 millones de euros abonados indebidamente en la pasada legislatura, correspondientes a una actualización tarifaria que posteriormente fue rechazada por la Comisión de Precios de Canarias. Con esta decisión, el Consorcio consolida el requerimiento económico a la concesionaria.

La Asamblea también desestimó otro recurso de la empresa relativo a las inversiones ejecutadas con cargo al contrato concesional. Los informes técnicos del Consorcio apuntan a una infrainversión superior a los 21 millones de euros sobre los 54 millones comprometidos inicialmente, un extremo que refuerza el análisis de las obligaciones contractuales pendientes.

En la misma sesión se aprobó, de forma inicial, una propuesta de actualización de tarifas del ciclo integral del agua para 2025, que será elevada a la Comisión de Precios de Canarias para su evaluación y eventual autorización. La propuesta se basa en un estudio económico independiente que plantea una actualización media del 15,06% para ajustar los ingresos al coste real del servicio.

El acuerdo contó con los votos en contra de los ayuntamientos de Tías, San Bartolomé, Haría y Yaiza. Entre los cambios planteados figura un incremento de 90 céntimos en el primer bloque de consumo doméstico (0-10 metros cúbicos), así como subidas progresivas en los tramos superiores y en los usos industrial y turístico.

Durante una Asamblea Extraordinaria, solicitada por los alcaldes, se dio cuenta del estudio técnico-económico presentado por Canal Gestión en relación con la posible cesión del contrato a una UTE formada por Sacyr y Aqualia, que plantea una subida tarifaria superior al 32% el primer año y una inversión de 35 millones en cinco años, cifras que difieren de las estimaciones del Consorcio.

Asimismo, la Asamblea tomó en consideración los escritos presentados por las empresas Gestagua y Canaragua solicitando su personación como interesadas en los expedientes en curso.

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