Vivienda pública: prioridad para quienes tienen vínculos reales con el territorio
El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo decreto que actualiza el acceso a la vivienda protegida, incorporando criterios de arraigo, baremación objetiva y mayores reservas para colectivos prioritarios, con el objetivo de garantizar transparencia, equidad y justicia social en la adjudicación de viviendas públicas.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, presentó en el Parlamento autonómico la normativa que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el régimen de adjudicación de viviendas públicas, calificándola como “un cambio jurídico de fondo” en el sistema de acceso a la vivienda en el Archipiélago.
Entre las principales novedades, el decreto establece el arraigo como requisito estructural, exigiendo un mínimo de cuatro años de vecindad administrativa para poder inscribirse en el registro.
Asimismo, sustituye el sistema de adjudicación mediante sorteo por un procedimiento de baremación objetiva, basado en criterios claros vinculados a la situación económica, social y familiar de los solicitantes, fortaleciendo la transparencia y la seguridad jurídica.
La norma también refuerza los requisitos de residencia: se exige acreditar diez años de residencia ininterrumpida en Canarias (o quince en caso de residencia discontinua), así como una vinculación efectiva con el municipio donde se ubique la vivienda pública. Con ello, se busca que el parque público atienda prioritariamente a quienes tienen arraigo real en el territorio.
Por último, el decreto amplía los porcentajes de reserva para colectivos prioritarios, incluyendo jóvenes, personas mayores, personas con diversidad funcional y víctimas de violencia de género, consolidando el carácter social del sistema público de vivienda, según han defendido desde el Gobierno.
