La Justicia avala la Oferta Pública de Empleo municipal aprobada en Arrecife
La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Arrecife y ha confirmado la validez de la Oferta Pública de Empleo (OPE) aprobada en 2023, que contempla la creación de 14 nuevas plazas para reforzar distintos servicios municipales. La sentencia, dictada el pasado 14 de enero de 2026 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, desestima el recurso interpuesto por la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT.
El fallo concluye que la OPE fue objeto de negociación en la Mesa General, tal y como defendía el Consistorio, y que el sindicato recurrente participó en dichas reuniones sin formular objeciones en ese momento.
La resolución judicial da por acreditado este extremo a partir del examen del expediente administrativo y de las grabaciones de las mesas de negociación celebradas en diciembre de 2023, cuya autenticidad no fue cuestionada.
La Oferta Pública de Empleo fue aprobada por el Pleno municipal en diciembre de 2023, primer año del actual mandato, e incluye nueve plazas por el sistema de oposición libre y cinco por promoción interna. Estas vacantes se distribuyen entre áreas consideradas esenciales para el funcionamiento de la administración local.
Refuerzo de servicios municipales
Entre las plazas contempladas figuran cinco vacantes en la Policía Local por promoción interna y nueve puestos técnicos en grupos A1 y A2, que abarcan perfiles como arquitectura, ingeniería industrial, asesoría jurídica, trabajo social, psicología, recursos humanos, técnicos en Administración General y una plaza de auxiliar administrativo.
La sentencia señala que las administraciones públicas conservan su capacidad de organización interna y que la negociación colectiva no implica la imposición de criterios sindicales sobre decisiones organizativas, siempre que se respeten los cauces legales, como considera que ocurrió en este caso.
Tras el pronunciamiento judicial, el Ayuntamiento de Arrecife ha anunciado que continuará con el procedimiento para convocar las oposiciones previstas en esta OPE, garantizando la seguridad jurídica del proceso. La resolución judicial también impone las costas al sindicato demandante.
