Afectados en las islas alertan del bloqueo estatal a la Ley de Costas
La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc) volvió este jueves a situar el foco en Madrid. Su presidente, el abogado José Luis Langa González, advirtió de que la Mesa del Congreso mantiene bloqueada una modificación legislativa que, de aprobarse, permitiría desafectar viviendas situadas en asentamientos costeros consolidados antes de 1988. La medida, asegura, aliviaría la situación de “miles de familias canarias” que ya han perdido sus recursos ante los tribunales.
Langa explicó que la reforma surgió de una iniciativa legislativa del Partido Popular, aprobada en el Senado antes de remitirla al Congreso. El letrado insiste en que la propuesta “necesita desbloquearse” para continuar su tramitación. De lo contrario, subraya, la Administración procederá al desalojo y demolición de viviendas que actualmente se encuentran en litigio. “Hablamos de más de 150.000 personas potencialmente afectadas”, apuntó, recordando que en Canarias existen numerosos núcleos históricos en esta situación.
Entre los puntos señalados figuran El Faro y Punta Larga (La Palma), Los Molinos (Fuerteventura) o Las Breñas (Tenerife), ejemplos de enclaves costeros que quedarían fuera del dominio público si se aprueba la modificación. Para la Plataforma, el actual marco jurídico penaliza a asentamientos previos a la redacción de la Ley de Costas, aplicando criterios homogéneos a realidades territoriales muy distintas.
Langa reclamó a los partidos canarios coordinar esfuerzos para evitar que, mientras se discute la reforma, continúen ejecutándose sentencias de derribo. Por ello solicita una suspensión temporal de los procedimientos, al considerar que, una vez demolidas las viviendas, “no existe manera de restituir la situación ni aunque la justicia dé posteriormente la razón a los afectados”.
La Pcalc seguirá presionando en Madrid y en el Archipiélago. Su presidente insistió en que el debate debe trascender siglas políticas y enfocarse en una solución “realista” para territorios costeros donde, históricamente, el crecimiento urbano se desarrolló sin el actual marco normativo. En Canarias, advirtió, no acometer la reforma podría agravar un conflicto social y jurídico que lleva décadas sin resolverse.
