El Gobierno defiende su control sobre nuevas titulaciones universitarias
El debate sobre el sistema universitario volvió esta semana al Parlamento. La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, detalló la hoja de ruta del Gobierno de Canarias en materia de nuevas titulaciones oficiales. Según explicó, el Ejecutivo pretende mantener un marco de control que evite duplicidades, responda a demandas reales y garantice la sostenibilidad institucional.
Machín recordó que, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), reservan a las universidades públicas la capacidad de proponer nuevos títulos. El papel del Gobierno, afirma, es actuar como garante de la calidad y pertinencia de esas propuestas. Aun así, la consejera insistió en que el proceso no depende de percepciones coyunturales, sino de datos contrastados.
El procedimiento incluye tres fases obligatorias. La primera es el informe del propio Ejecutivo sobre necesidad y viabilidad académica y social. Este documento analiza oferta y demanda, salidas laborales, prioridades estratégicas del Archipiélago y la capacidad del sistema para absorber la nueva titulación. Si el informe es favorable, la universidad puede avanzar hacia la segunda fase, la verificación estatal.
Esa verificación depende de la evaluación técnica realizada por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). La agencia estudia el diseño competencial, el encaje en el Espacio Europeo de Educación Superior, la oferta de prácticas y la vinculación con el entorno profesional. Solo tras superar este examen puede darse el último paso: la autorización definitiva del Gobierno.
Esta tercera fase se rige actualmente por el Decreto 168/2008, aunque el Ejecutivo tramita un nuevo marco normativo que, según Machín, modernizará y agilizará el procedimiento. La consejera sostiene que el enfoque proteje al estudiantado y la reputación del sistema universitario canario, además de ajustarlo a estándares europeos de movilidad.
En un contexto de demandas crecientes de nuevas titulaciones por parte de universidades y sectores productivos, el Gobierno defiende que los filtros no son un freno, sino una garantía. Sectores críticos han reclamado en ocasiones mayor transparencia y participación, aunque ese debate no se abordó en este pleno.
