Golpe en Lanzarote a las construcciones ilegales: investigadas 22 personas
La Guardia Civil ha dado un nuevo golpe contra las construcciones ilegales en suelo protegido en Lanzarote. El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA), perteneciente a la Comandancia de Las Palmas, ha culminado la segunda fase de una amplia operación de vigilancia e investigación que ha puesto en el punto de mira a 22 personas por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.
Durante esta fase, los agentes realizaron 23 inspecciones en edificaciones presuntamente levantadas sin autorización en los municipios de Haría y Tías, dos zonas donde en los últimos meses se había detectado un incremento preocupante de obras con fines residenciales y recreativos en espacios donde la normativa lo prohíbe expresamente.
Este nuevo avance de la operación se suma a la primera fase, desarrollada el pasado mes de mayo, en la que ya habían sido investigadas 20 personas y se llevaron a cabo 42 inspecciones. Con estos datos, el balance anual asciende a 42 personas investigadas y 65 construcciones inspeccionadas en 2025.
Sanciones que incluyen prisión y demolición de obras
Los investigados podrían enfrentarse a penas de entre uno y tres años de prisión, además de multas que van de los doce a los veinticuatro meses. Las medidas contemplan también la demolición de las obras ilegales y la obligación de restituir los terrenos a su estado original.
Según la Guardia Civil, el incremento de edificaciones irregulares está provocando una grave degradación en áreas ambientalmente sensibles, poniendo en riesgo la biodiversidad insular y afectando directamente a la calidad de vida y a la convivencia de las comunidades locales.
Para esta segunda fase, el EPRONA -que se desplaza periódicamente desde Gran Canaria para reforzar la vigilancia en Lanzarote- ha contado nuevamente con la colaboración de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y de los departamentos de Urbanismo de los ayuntamientos de Haría y Tías. El cuerpo ha agradecido públicamente la implicación de estos organismos, cuya cooperación ha resultado “fundamental” para esclarecer los hechos.
La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar la normativa urbanística y medioambiental e insiste en que realizar obras en suelo protegido no solo constituye una infracción administrativa, sino que puede derivar en responsabilidad penal y patrimonial.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas semanas. Lanzarote sigue bajo la lupa de las autoridades, decididas a frenar la proliferación de edificaciones ilegales que amenazan el frágil equilibrio del territorio insular.
