Yaiza devolverá 356.000 euros del PFAE en medio de la polémica política
El Ayuntamiento de Yaiza deberá devolver 356.000 euros al Gobierno de Canarias procedentes de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), tras no poder ejecutar tres proyectos de empleo y formación destinados a personas desempleadas del municipio.
El Partido Popular de Yaiza, a través de su portavoz Juan Monzón, lamentó la situación y calificó la devolución como “una pésima noticia para el municipio”, asegurando que supone “la pérdida de una oportunidad de generar empleo formativo, mejorar competencias locales y ejecutar proyectos de interés social”.
Monzón responsabilizó al gobierno municipal de Unidos por Yaiza (UPY), encabezado por Óscar Noda, al que acusó de “mala gestión y falta de previsión”. “No es admisible que un municipio pierda recursos estructurales para el empleo por fallos políticos”, declaró, reclamando explicaciones y compromisos para evitar que se repita.
Desde la oposición, incluyendo a Coalición Canaria (que también ha emitido un comunicado al respecto) se critica que el Ayuntamiento no aplicara a tiempo las recomendaciones del Servicio Canario de Empleo para adaptarse a los cambios introducidos en la normativa laboral estatal, que afectan a la contratación del personal docente y administrativo de los PFAE.
La versión del Ayuntamiento
Por su parte, el grupo de gobierno de UPY rechaza las acusaciones y denuncia una “estrategia de desinformación” de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP). Su portavoz, Daniel Medina, recuerda que “todos los municipios canarios se han enfrentado a la misma situación”, ya que los nuevos tipos de contrato -indefinidos o fijos discontinuos- “no pueden aplicarse a cabildos ni ayuntamientos”.
Medina subrayó que Yaiza informó públicamente en agosto sobre las dificultades generadas por la nueva legislación, y reprochó a PP y CC que “ahora señalen al Ayuntamiento, cuando son los mismos partidos que controlan el Gobierno de Canarias y no han ofrecido una solución viable”.
El portavoz municipal insistió en que la devolución de los fondos no responde a una falta de gestión local, sino a un vacío legal que impide contratar al personal necesario durante los once meses que duran los programas. “El problema es estructural y afecta a todas las corporaciones canarias”, concluyó.
