Los afectados por la Ley de Costas en el Archipiélago llevarán su causa a Europa
El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, ha anunciado que viajará en junio a Bruselas con el objetivo de presentar ante las instituciones europeas la situación que viven numerosos municipios costeros del Archipiélago afectados por esta normativa estatal. La iniciativa busca impulsar la desafección de los núcleos urbanos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, como ya ocurrió en una reforma del año 2013.
Durante una rueda de prensa celebrada esta semana, Langa ha explicado que los afectados se encuentran en una situación de «indefensión» legal, debido a que los tribunales han desestimado sus alegaciones y la aplicación literal de la ley ha prevalecido sobre el contexto histórico, social y habitacional de estos enclaves. “No porque no tengamos razón, sino porque los jueces aplican la ley sin tener en cuenta la realidad de estos lugares”, ha señalado.
Entre los ejemplos mencionados por el letrado están enclaves como Los Molinos (Fuerteventura), Punta Larga y El Faro (La Palma), Las Bajas (Güímar) o Bocacangrejo (El Rosario), en Tenerife, entre otros. En todos ellos, viviendas ocupadas desde hace décadas están bajo amenaza de desalojo y derribo.
La Plataforma, que estima entre 150.000 y 200.000 personas afectadas en más de 66 municipios canarios, pretende conseguir que se reactive la posibilidad de presentar informes para demostrar que se trata de núcleos previos a 1988. En 2013, una modificación legal permitió esta excepción, pero muchos ayuntamientos, según reconoce Langa, «no hicieron los deberes» al no presentar la documentación requerida.
Canarias, con competencias limitadas en materia de costas
El presidente de la Pcalc ha subrayado que, a pesar de que Canarias ha recibido las competencias en materia de costas, estas siguen siendo limitadas. «Es una transferencia muy descafeinada, porque no nos permite tomar decisiones propias; seguimos dependiendo de Madrid», ha indicado.
En este contexto, Langa viajará a Bruselas acompañado por el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta Felipe. Además, ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias y con los eurodiputados canarios para recabar apoyos institucionales.
El objetivo de la visita es exponer la situación de los afectados directamente ante representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, con la esperanza de que se puedan promover iniciativas legislativas o recomendaciones que permitan flexibilizar la aplicación de la normativa vigente.
La dimensión del problema
La dimensión del conflicto se ha mantenido en el tiempo y se ha intensificado con las últimas resoluciones judiciales desfavorables. Las viviendas amenazadas no solo suponen un patrimonio material para sus residentes, sino también un arraigo social y familiar de generaciones.
Desde la plataforma insisten en que la defensa de estos enclaves debe tener en cuenta tanto su condición previa a la ley como su valor humano. «No estamos hablando de ocupaciones ilegales recientes ni de intereses especulativos. Estamos hablando de pueblos costeros donde han vivido familias desde mucho antes de 1988″, ha recalcado Langa.
Por otro lado, la comisión mixta creada en Canarias, en la que participan el Gobierno autonómico, los Cabildos, ayuntamientos y la propia plataforma, se ha constituido como un canal de coordinación para plantear soluciones conjuntas. Sin embargo, Langa insiste en que la última palabra sigue estando en Madrid, lo que limita la efectividad real de esta comisión.
La delegación canaria espera que la interlocución directa con Bruselas contribuya a visibilizar el problema en el ámbito europeo y a generar un debate más amplio sobre la adaptación de las normativas medioambientales a la realidad social de los territorios insulares.
