Yaiza prepara la demolición parcial del Son Bou y reclama el coste al propietario
El Ayuntamiento de Yaiza iniciará los trámites administrativos y técnicos para ejecutar la demolición parcial del complejo hotelero Son Bou, en Playa Blanca, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya ordenado a la corporación municipal contratar los trabajos. El alcalde, Óscar Noda, confirmó este miércoles, 11 de noviembre, que el Consistorio acata la resolución judicial y que ya ha dado instrucciones a la Oficina Técnica para poner en marcha el procedimiento.
La demolición afectará aproximadamente a dos terceras partes del complejo y deberá ejecutarse a costa de la entidad propietaria, Hotel Princesa Yaiza SA. Según explicó Noda en una comparecencia celebrada en la Casa del Camello, en Uga, el Ayuntamiento podría tener que adelantar los fondos necesarios para realizar la intervención, aunque posteriormente reclamará el importe a la empresa responsable.
El alcalde quiso aclarar que el procedimiento judicial afecta exclusivamente al complejo Son Bou y no al Hotel Princesa Yaiza, dos establecimientos independientes. También recordó que las licencias originales del inmueble fueron concedidas en 1998 y 2001 y que quedaron anuladas mediante una sentencia de 2005, anterior a su llegada a la Alcaldía.
La resolución del TSJC pone fin a una nueva fase de un procedimiento judicial prolongado, relacionado con las irregularidades urbanísticas del establecimiento y la ejecución de las sentencias que anularon sus licencias. El tribunal considera dilatorios varios de los recursos presentados por la propiedad y recoge expresamente referencias a la «mala fe procesal y abuso de derecho».
Un año para redactar el proyecto y dos para ejecutarlo
El auto judicial concede al Ayuntamiento un plazo de un año para redactar el proyecto de demolición y establece posteriormente un periodo máximo de dos años para ejecutar los trabajos.
Noda señaló que, tras analizar la resolución con los servicios jurídicos municipales, dictó una providencia para activar las actuaciones necesarias. El siguiente paso será preparar los pliegos administrativos y técnicos para contratar tanto la demolición como la dirección facultativa de las obras.
La intervención requerirá una planificación específica para garantizar la estabilidad y seguridad de las partes del edificio que permanezcan en pie. El Consistorio deberá determinar qué actuaciones son necesarias para evitar que los trabajos comprometan la estructura de las instalaciones no afectadas por la sentencia.
El procedimiento contempla, además, que el Ayuntamiento solicite inicialmente a la propiedad que asuma directamente la ejecución de la demolición. Si la empresa no atiende el requerimiento, será la Administración local la que contrate los trabajos y reclame posteriormente su coste.
Durante la tramitación, el Consistorio deberá informar al tribunal de los avances administrativos y técnicos realizados para cumplir la resolución.
La regularización futura no paralizará la sentencia
Otro de los aspectos recogidos en el auto es que la posibilidad de una futura modificación del planeamiento urbanístico no constituye un motivo suficiente para suspender la ejecución de una sentencia firme. El tribunal también señala que el complejo no puede acogerse a los incentivos de renovación y recualificación turística, una cuestión sobre la que ya se había pronunciado en la sentencia 88/2022.
Preguntado por una posible reclamación patrimonial de la propiedad contra el Ayuntamiento, Noda afirmó que los servicios jurídicos municipales han analizado esta posibilidad y que la resolución judicial descarta utilizar esa vía para obtener una compensación económica, teniendo en cuenta los beneficios generados por la explotación hotelera durante estos años.
El alcalde también se refirió a los informes remitidos al tribunal por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote, en los que, según indicó, se cuestionaba la actuación municipal en el procedimiento.
Por último, Noda aseguró que la resolución afecta a unas edificaciones concretas y que no supone un riesgo para el conjunto de la planta hotelera de Yaiza. El Ayuntamiento sostiene que su actuación se limitará al cumplimiento de lo ordenado por la Justicia y a garantizar que la demolición se realice con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.
