Yaiza anula el acuerdo por el que cedió tres parcelas en Playa Blanca en 2004

El Ayuntamiento de Yaiza ha declarado nulo de pleno derecho un acuerdo plenario que dio vía libre al convenio suscrito entre la Institución y la firma Getsu Non Denwa, por el que se cedió en 2004 a la mercantil, de forma gratuita y por cincuenta años, el derecho de uso de tres parcelas municipales situadas en el plan parcial Costa Papagayo de Playa Blanca que suman en total 31.887 metros cuadrados, dos de ellas hoy ocupadas por el complejo deportivo y recreacional Kikoland del hotel Princesa Yaiza y el minigolf del hotel Hesperia Playa Dorada.

La resolución del Ayuntamiento, rubricada en el pleno celebrado el pasado miércoles, desestima las alegaciones presentadas por las firmas con intereses en el convenio objeto de la anulación.

El consistorio sureño ya acordó en septiembre pasado iniciar el procedimiento de revisión por vía administrativa de este convenio formalizado en un Pleno municipal de 2 de abril de 2004.

Considera el Ayuntamiento que el mismo “no resultaba ajustado a derecho puesto que la mercantil beneficiaria, según informe jurídico, adquiere facultades o derechos sobre zonas verdes atribuyéndose la posesión y el uso de las mismas  en condiciones absolutamente lesivas para los intereses municipales, tanto, que utiliza a su propio beneficio las parcelas sin abonar canon alguno durante cincuenta años”.

La Institución remitió a principios de este mes de diciembre la propuesta de resolución y el expediente completo, incluyendo informes técnicos, jurídicos y de Intervención, al Consejo Consultivo de Canarias para su dictamen, documento que llegó a dependencias municipales este 28 de diciembre.

El litigio continuará en los tribunales

El Consejo Consultivo de Canarias parece avalar la decisión del Ayuntamiento de Yaiza, dictaminando favorablemente a la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho del acuerdo plenario de 2 de abril de 2004 que aprobó el convenio de referencia.

Reconoce la alcaldesa Gladus Acuña que, aunque la batalla jurídica probablemente continuará en los tribunales de Justicia, “nosotros cumplimos desde el principio con la obligación de defender la Institución cuando se lesionan los intereses municipales”, comentó.

Gladys Acuña.

Yaiza defiende que el convenio es nulo de pleno derecho, entre otras consideraciones, “al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento administrativo legalmente establecido para su aprobación, hasta el punto que no se emitió informe alguno en el expediente cuyo contenido se reduce al propio acuerdo plenario”.

El Consejo Consultivo de Canarias destaca que “no consta la más mínima tramitación, que habría de integrar los preceptivos informes jurídicos, de fiscalización y urbanísticos y que permitieran alcanzar la resolución final del procedimiento con el oportuno acuerdo plenario”, causa ya suficiente para declarar su nulidad.

Yaiza y el Consejo Consultivo sostienen que el texto del convenio se dirige a asegurar a favor de la mercantil el uso privativo de zonas verdes para su uso restringido durante un plazo de cincuenta años y con posibilidad de prórrogas.

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