San Bartolomé lleva al Cabildo a los tribunales por los planes insulares
El Ayuntamiento de San Bartolomé ha iniciado acciones judiciales contra el Cabildo de Lanzarote tras denunciar la falta de aprobación del Plan Insular de Obras y Servicios de Competencia Municipal correspondiente a 2025 y la retirada de fondos económicos vinculados al Plan de Cooperación Municipal.
La decisión fue aprobada durante el pleno ordinario celebrado el pasado lunes 25 de marzo con el respaldo de la mayoría absoluta de la corporación municipal. Según informó el consistorio, el acuerdo fue trasladado posteriormente al Cabildo mediante requerimiento previo, aunque la institución insular no respondió dentro del plazo legal establecido, motivo por el que el Ayuntamiento decidió continuar la vía contencioso-administrativa.
El alcalde del municipio, Isidro Pérez, sostiene que la reclamación busca recuperar recursos económicos que considera fundamentales para el desarrollo de infraestructuras y servicios municipales.
El grupo de gobierno municipal asegura que desde 2023 el municipio ha dejado de percibir partidas económicas vinculadas a los mecanismos de cooperación insular. Según explica el Ayuntamiento, en 2025 el plan ni siquiera llegó a aprobarse.
La situación no es inédita en la política insular. Durante el anterior mandato en el Cabildo de Lanzarote, gobernado por PSOE y Podemos, tampoco se llegó a repartir una anualidad correspondiente a estos planes de cooperación municipal.
Obras paralizadas y financiación pendiente
Desde el consistorio sureño se advierte de que la falta de financiación está afectando a proyectos considerados prioritarios para el municipio. Entre ellos figura el gimnasio municipal, cuya ejecución permanece paralizada, así como actuaciones previstas en la calle Arrecife.
En este último caso, el Ayuntamiento explica que la obra quedó suspendida tras atender una petición relacionada con trabajos hidráulicos que finalmente no llegaron a ejecutarse, situación que derivó en la pérdida de financiación vinculada al proyecto.
El alcalde de San Bartolomé también recordó que existen resoluciones judiciales previas sobre conflictos similares entre administraciones públicas, señalando que la normativa vigente atribuye a los cabildos competencias específicas en materia de cooperación económica, técnica y jurídica con los municipios.
El Ayuntamiento fundamenta su reclamación en diferentes normas estatales y autonómicas, entre ellas la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley de Cabildos Insulares.
Desde el grupo de gobierno municipal insisten en que la iniciativa judicial no responde a una confrontación política, sino a la defensa de los intereses económicos del municipio y a la necesidad de garantizar inversiones públicas pendientes.
