Prorrogado el convenio para renovar el saneamiento de Costa Teguise
El Gobierno de Canarias ha publicado la adenda de prórroga y modificación del convenio suscrito con el Cabildo de Lanzarote para ejecutar actuaciones de infraestructuras hidráulicas en la isla, entre ellas la renovación integral de la red de saneamiento del frente marítimo de Costa Teguise, en el municipio de Teguise.
La resolución ordena la publicación de la adenda firmada el 22 de junio de 2026, mediante la cual ambas administraciones amplían la vigencia del convenio hasta el 30 de junio de 2028. El acuerdo inicial había sido suscrito el 12 de julio de 2019 con el objetivo de financiar la renovación de la red de saneamiento de Costa Teguise, actuación declarada de interés regional y vinculada a los objetivos de la Directiva Marco del Agua.
El convenio ya había sido prorrogado anteriormente hasta junio de 2026, pero el estado de ejecución de la obra motivó una nueva ampliación de dos años adicionales. La medida se adopta tras los informes remitidos por el Cabildo y la Comisión de Seguimiento del convenio, así como por la necesidad de adaptar los plazos al desarrollo real de los trabajos.
La actuación mantiene el mismo presupuesto, fijado en 1.385.627,45 euros, y actualiza su denominación para ajustarla al proyecto constructivo definitivo. La obra pasa a llamarse “Actualización y revisión del proyecto constructivo de renovación integral de la red de saneamiento del frente marítimo de Costa Teguise. Descarga de caudales del colector principal”.
El documento publicado indica que la actuación fue adjudicada en diciembre de 2025 y que el inicio de las obras quedó condicionado inicialmente por cuestiones relacionadas con la coordinación de seguridad y salud y el programa de trabajos. Una vez subsanadas esas incidencias, el Cabildo comunicó el comienzo de las obras en febrero de 2026, con un plazo de ejecución previsto de 20 meses.
La adenda establece que la prórroga tendrá efectos desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2028 y precisa que no supone un incremento del gasto ni un nuevo compromiso económico para el Gobierno de Canarias, manteniéndose el resto de las condiciones del convenio en los mismos términos.
