Primer paso del Consejo Insular de Aguas para devolver la desaladora

El próximo martes 13 ha sido el día elegido por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, -en su calidad también de máximo responsable público del Consejo Insular del Agua de Lanzarote- para convocar a la promotora Club Lanzarote a una reunión urgente con los gerentes del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas, así como representantes jurídicos de los mismos, al objeto de iniciar el procedimiento dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 6 de Las Palmas en los términos que establece el oficio recibido ayer lunes, 5 de octubre, y fechado el pasado día 2.

En este escrito, el Juzgado comunica la desestimación del incidente de ejecución de sentencia presentado por el Consejo Insular de Aguas. En consecuencia, este organismo deberá iniciar el procedimiento para restituir la desaladora y depuradora de agua a la urbanización Montaña Roja, incautada a Club Lanzarote.

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Pedro San Ginés reitera que “en cualquier caso, la prioridad será garantizar el abastecimiento y suministro de agua a los vecinos de Montaña Roja y eso es lo que hemos hecho hasta la fecha y haremos”, trasladando así un mensaje de tranquilidad a los usuarios de este plan parcial.

Según aclara el Cabildo, en la ejecución de sentencia presentado por el Consejo Insular de Aguas se solicitaba que antes de devolver la desaladora y resto de infraestructura incautada se concediera un plazo para realizar las obras de conexión de Montaña Roja con la red general, “a fin de garantizar el suministro de agua a los ciudadanos y más de una quincena de complejos turísticos de esta zona, al objeto de que estos usuarios pudieran acceder a un servicio legal y en las mismas condiciones, calidad y precio que el resto de los usuarios de la isla”, apuntan.

Pedro San Ginés reiteraba hoy que “la medida cautelar” de incautar la desaladora y depuradora “se adoptó en el marco de un expediente sancionador ya resuelto, atendiendo a la propuesta del propio instructor del mismo que, entre otras cosas, propone el cese de la actividad y/o el precinto de las instalaciones, advirtiendo -no obstante- de la necesidad de preservar el interés general”.

Por último, el presidente del Cabildo mostró su “total respeto a las instancias y decisiones de los tribunales” y manifiesta que “cumplirá, como no podría ser de otra forma, con el imperativo judicial ordenado de restituir a la promotora las plantas aunque éstas sigan realizando el citado suministro ilegal, no autorizado por ningún organismo y a precios abusivos, porque de lo contrario se produciría el desabasteciento a los vecinos, cosa que pretendemos evitar a toda costa”, concluye.

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