Cruce político por el caso de la residencia de mayores que gestiona Amavir Tías
La gestión de la residencia de mayores de Tías que realiza Amavir ha desatado un intenso enfrentamiento político en Lanzarote. El PSOE acusa al grupo de gobierno del Cabildo de haber ocultado informes que alertaban de situaciones “inhumanas”, mientras que la institución insular defiende que ha actuado con responsabilidad y ha activado todos los protocolos necesarios.
Durante un pleno extraordinario, el PSOE aseguró que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y el consejero de Bienestar Social, Marciano Acuña, conocían desde febrero informes técnicos que alertaban de graves deficiencias en la atención a los residentes.
Según los socialistas, estos documentos describen situaciones como falta de higiene, caídas por ausencia de supervisión, errores en la medicación o infecciones derivadas de una atención insuficiente. La consejera Ariagona González fue contundente: “No es que no supieran lo que estaba pasando, es que lo sabían y no hicieron absolutamente nada”.
El PSOE sostiene que la situación era incluso más grave de lo inicialmente denunciado y advierte que, de no haberse hecho pública, “habría seguido ocurriendo en silencio”, señalando además que el grupo de gobierno trató de desacreditar las denuncias en lugar de actuar.
El Cabildo defiende su gestión y pide responsabilidad
Frente a estas acusaciones, el Cabildo de Lanzarote ha reafirmado su actuación “responsable y rigurosa”. Durante su comparecencia, Betancort aseguró que la institución ha trasladado toda la información a la Guardia Civil y ha solicitado inspecciones al Gobierno de Canarias.
“El bienestar de nuestros mayores está por encima de cualquier confrontación política”, afirmó el presidente, quien también criticó a la oposición por generar alarma entre las familias.
Por su parte, el consejero Acuña defendió que se han intensificado los mecanismos de control, se han mantenido reuniones con la empresa gestora, trabajadores y familiares, y se ha reforzado la supervisión del servicio.
El Cabildo insiste en que ha actuado desde el primer momento conforme a los protocolos, mientras que el PSOE cuestiona la transparencia y la rapidez de la respuesta institucional.
El caso, que ha generado una fuerte preocupación social en la isla, sigue ahora bajo investigación, con el foco puesto en esclarecer lo ocurrido y garantizar la calidad de la atención a las personas mayores.
