Pamparacuatro demanda millonarias indemnizaciones por difamación

César Romero Pamparacuatro, ahora en tareas profesionales que lo sitúan en Tenerife, y antes, el primer instructor del Caso Unión, ha interpuesto en el Juzgado de Puerto de la Cruz una amplia demanda (entre los 200 y 300 folios) contra el grupo Editorial Lancelot, el periodista Francisco Javier Chavanel y el diario regional Canarias 7; unos medios informativos a los que acusa de llevar a cabo contra su persona lo que define como una “flagrante y premeditada” campaña de difamaciones que atentaba contra su honorabilidad y se introducía de lleno en el capítulo de “informaciones y opiniones difamatorias”, según el juez.

En la demanda presentada se detallan algunos de los artículos o grabaciones que se suman a la argumentación del conocido juez para demostrar que fue señalado como autor de “actuaciones y motivaciones absolutamente denigratorias”, y, según se observa en parte del documento, lo define como una forma de “preconstituir un estado de opinión favorable a intereses ajenos a la libertad de información” y próximos a la defensa de los acusados.

En resumen, Pamparacuatro recoge en la demanda lo que estima pruebas de una campaña orquestada por los protagonistas mencionados “para desprestigiar y deslegitimar ante la ciudadanía la investigación de delitos en el ámbito de la corrupción”, una campaña difamatoria que, según apunta, tenía como objetivo denigrarlo con el objetivo de favorecer a la defensa procesal.

650.000 euros en indemnizaciones

La demanda de Pamparacuatro solicita una condena para cada uno de sus actores, e indenmizaciones, que en el caso de Editorial Lancelot (la demanda se centra en el diario digital), ascendería a unos 100.000 euros, como pide el juez. Esta cifra indemnizatoria que vendría a resarcir este supuesto atentado contra su honor asciende a los 200.000 euros al referirnos a Informaciones Canarias SA, la empresa que edita el Canarias 7; y de 200.000 y 150.000 euros en el caso de las productoras El Escorpión de Jade y Faycán, respectivamente.

Además de solicitar en su demanda que la condena obligue a la lectura en radio o la publicación en prensa de la sentencia, en caso de ser favorable, el juez solicita que sea Francisco Javier Chavanel quien responda de forma subsidiaria ante una futura condena (las empresas referidas también le dieron soporte a informaciones y opiniones), y muchas son las grabaciones transcritas de este profesional que se suman al texto del demandante.

No saldría barata esta, según el denunciante, campaña orquestada como “una verdadera operación de descrédito que produce un agravio innecesario en su dignidad y prestigio”.

Las informaciones y artículos que protagonizan esta denuncia tienen su temática común en torno a las instrucciones judiciales del caso Unión y del caso Stratvs, y Pamparacuatro considera que eran “infundadas e injuriosas opiniones, ultrajantes, humillantes y denigratorios comentarios” a nivel personal y profesional, que buscaban “ridiculizar su figura”.

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