Los taxistas, en pie de guerra ante la propuesta de liberalización del sector

La propuesta de modificación de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera en las Islas, ha cosechado el rechazo prácticamente unánime de las federaciones, cooperativas y asociaciones de taxis de la región.

“Una unidad histórica”, dicen que motivada por la intención del Gobierno de Canarias de ir “mucho más allá” que la Unión Europa y España en la liberalización del transporte.

Los representantes del sector del Taxi a nivel autonómico presentaron la semana pasada en Presidencia del Gobierno un documento solicitando el archivo del procedimiento de tramitación de modificación legislativa por las “graves consecuencias que la salvaje liberalización de servicios que en aquel se contiene, supondría para el sistema general de  transportes de Canarias y del taxi en particular”. También pidieron la destitución del Director General de Transportes del Gobierno  de Canarias, D. Elías Castro Feliciano, por lo que la la Federación Regional del Taxo en Canarias ha definido como “extralimitación que respecto de la regulación estatal y del resto de Comunidades Autónomas, supone la liberalización de servicios propuesta, precisamente en un territorio que por su mayor fragilidad debiera ser objeto de una mayor protección”, exponen.

Entre los aspectos del borrador que ha suscitado más recelos en el sector se encuentra el de los arrendamientos de vehículos con conductor (VTC), que habilita “la libre implantación” de Uber y otras plataformas similares. Tanto Fedetax como el resto de las Organizaciones representantes del sector, sostenemos que la nueva ley aún en fase de borrador, da un paso “sin precedentes” al suprimir los requisitos de calidad y proporcionalidad en el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, de manera que “cualquiera podrá tener un vehículo y destinarlo a realizar los servicios que hasta ahora vienen realizando los taxis”.

El sector afirma haber luchado durante años para que la legislación canaria fuera diferenciada, acorde a un territorio fraccionado como el nuestro, y habían situado una ratio de 1/30 (un vehículo VTC por cada 30 taxis). Advierten que esta nueva regulación propuesta “deja desprotegido” al sector frente a empresas que como Uber, que mueve “miles de millones de euros”.

El borrador de la Ley otorga  a su vez a los Cabildos  posibilidad de otorgar autorizaciones de transporte interurbano de Taxis,  sin necesidad de estar en posesión de licencia municipal. Quien disponga de este permiso podrá recoger viajeros en municipios distintos a aquel donde esté residenciado el vehículo “sin control de los ayuntamientos”.

La tarifa máxima obligatoria del taxi, el límite de contratación de un solo asalariado, la eliminación de la sanción de inhabilitación o la falta de protección en una región ultraperiférica,  son otros de los aspectos de la Ley Canaria que han generado controversia entre los profesionales del sector.