Los empresarios turísticos hacen piña contra el impuesto verde

Las patronales del turismo en Canarias han expresado hoy su preocupación ante las consecuencias que traerá para Canarias la entrada en vigor del nuevo marco regulador sobre pago de derechos de emisión para los vuelos en el espacio aéreo europeo, que comenzará a aplicarse al inicio de 2024 y cobrará plena vigencia en el año 2026.

La entrada en vigor del impuesto verde a la aviación es definido por los empresarios del turismo como “muy perjudicial para el Archipiélago y, en particular, para la competitividad de su sector turístico”, en la medida de que no excluye del abono de dichos costes a los vuelos entre aeropuertos de la Unión Europea (más Reino Unido y Suiza) y Canarias.

Las patronales turísticas sostienen que la aplicación de esta medida “supondrá un perjuicio claro para un sector estratégico de la economía de las Islas, al encarecer los traslados en avión desde los principales mercados emisores con destino a Canarias”. Y por ello, instan a negociar la aplicación en este caso de la misma medida que sí ha sido aprobada para los vuelos interinsulares y los traslados entre el resto de España y Canarias, “por una simple cuestión de equidad y justicia social”, dicen. Como ejemplo ponen “la adopción de múltiples medidas excepcionales recientes adoptadas en defensa de sectores estratégicos de la economía de países miembros de la UE, como pueden ser las decisiones para contener el precio de los hidrocarburos necesarios para la competitividad de la industria en un contexto de encarecimiento de las materias primas”, si bien estas medias han sido coyunturales, algo que no parece factible para un impuesto europeo de obligada aplicación en las próximas décadas.

Pero los empresarios alegan que en el caso del Archipiélago hay que tener en cuenta su condición ultraperiférica y la relevancia del sector turístico en su modelo económico. “La entrada en vigor del marco aprobado hace dos semanas por el trílogo de la UE (Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento Europeo) sólo podría ser definida como un fracaso negociador para Canarias por no incluir una exención en el pago de derechos para todos los vuelos entre el espacio aéreo europeo y las Islas. Esa y no otra es la medida necesaria para Canarias y la que hay que incluir en la redacción final de la norma”, aseguran las patronales hoteleras de las Islas.

No ven factible la alternativa del biocombustible

Por otro lado, las alternativas planteadas por los negociadores europeos para la exención en el pago de derechos de emisión en los vuelos son “insuficientes e incompletas”, consideran. El sector turístico canario contempla con esperanza la progresiva implantación de carburantes sostenibles en la aviación comercial, caso del bicombustible y el combustible sintético, pero al mismo tiempo considera “inviable vincular ahora mismo la exención en el pago de derechos de emisión con la utilización de unos productos escasos en el mercado del carburante para aviación, cuya implantación encierra además inconvenientes de carácter técnico constatados por las empresas del sector aeronáutico. Simplemente no resulta sensato condicionar la exención de los vuelos a Canarias al empleo de un producto que puede no estar disponible en el mercado, por una cuestión elemental de eficiencia y equidad”, subrayan los empresarios del turismo sobre esta opción.

Aseveran que las patronales “comprenden y respaldan el esfuerzo negociador realizado por los representantes canarios en las instituciones de la UE y la posición activa y vigilante mostrada por el Gobierno de Canarias durante este proceso decisivo para la competitividad del sector turístico de las Islas en el próximo futuro”.

Sin embargo, al mismo tiempo, “lamentan la ausencia de la necesaria firmeza en la posición del Gobierno de España respecto a este asunto, como garante del interés general de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea, entre las cuales Canarias es la más relevante desde el punto de vista demográfico y económico.

Esperan así “un encarecimiento súbito en el precio de los vuelos” que, afirman, “podría revestir consecuencias dramáticas para el Archipiélago en los planos económico y social, un riesgo que es preciso evitar a toda costa si de verdad se quiere defender la viabilidad económica de un territorio español y europeo con más de dos millones de habitantes”.

Hay que recordar que lo que sí ha logrado Canarias, de momento, es la exención del pago de este impuesto en los vuelos que conectan las islas con el Archipiélago.