Las cuentas pendientes de Vázquez ponen el foco sobre el gobierno insular
Unidos por Lanzarote y La Graciosa reclama al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, explicaciones sobre la tramitación de una solicitud de información relativa a los gastos realizados por Ángel Vázquez durante su etapa como consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (EPEL-CACT).
La formación señala que registró el 21 de septiembre de 2026 una solicitud de acceso a la información pública, identificada con el número 2026-E-RC-15784, para obtener el desglose y los justificantes de gastos de representación, tarjetas corporativas, dietas, manutención y viajes realizados entre el 1 de septiembre de 2023 y el 20 de septiembre de 2026.
Según Unidos por Lanzarote, el Cabildo respondió que no disponía de esa documentación y trasladó el expediente a la EPEL-CACT, al tratarse de una entidad con personalidad jurídica propia. La formación cuestiona ese traslado al considerar que Betancort también preside los Centros Turísticos y reclama que se aclare qué órgano está encargado de facilitar la documentación.
La organización ha presentado además una reiteración formal de la solicitud de información y una advertencia legal. Invoca para ello la normativa estatal y canaria sobre transparencia y señala que podría acudir a las vías administrativas, patrimoniales o contables si considera que se produce una denegación injustificada o una dilación indebida.
En paralelo, Unidos por Lanzarote plantea preguntas sobre la situación actual de Ángel Vázquez después de su salida de la dirección de los Centros Turísticos. Reclama conocer sus nuevas funciones, régimen de dedicación y retribución pública.
La formación vincula esta cuestión a los acuerdos de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular y pide que ambos partidos expliquen si esos pactos han influido en las decisiones sobre las responsabilidades institucionales de Vázquez.
Unidos por Lanzarote sostiene que continuará reclamando la documentación solicitada. Las acusaciones de posible encubrimiento o de una eventual actuación irregular forman parte de las afirmaciones de la formación y no aparecen acreditadas como hechos en el texto remitido.
