Lanzarote, la única Isla “libre” de los vertederos ilegales señalados por la UE

Continúa la presión de la Unión Europea para que Canarias selle su veintena de vertederos ilegales, una relación donde no aparece Lanzarote después de que el propio Gobierno de Canarias destinara unos 600.000 euros para sellar en 2012 el vertedero ilegal de Montaña Bermeja, en Yaiza (en la imagen), el único conejero que figuraba en la relación original.

Ayer jueves, la Consejería de Política Territorial del Gobierno regional anunció que sellará siete de estos vertederos este mismo 2016 y dejará otros 17 para los dos próximos ejercicios, los que irá cerrando de forma progresiva hasta el año 2018, tal y como exige la Unión Europea (UE) en su nueva prórroga.vertedero_bermeja_4

Este plan comprende la ejecución, en 2016, de los proyectos de sellado y restauración de Montaña del Tesoro (El Hierro), por importe de 1.680.000 euros; Tiscamanita (Fuerteventura), por 300.000 euros; Montaña de Amagro (Gran Canaria), por otros 300.000 euros; Faro de Orchilla (El Hierro), por 401.000 euros, así como la segunda fase del Barranco de Butihondo (Fuerteventura) y Arure (El Hierro) por un importe conjunto superior a los 2.383.000 euros, y el Complejo de Zurita (Fuerteventura), por cerca de cinco millones de euros.

Aún quedarían pendientes la Cueva Lapa, Franja Costera Botija y Montaña de Amagro, todos ellos en Gáldar, otros dos en Fuerteventura (Antigua y Tuineje), cuatro más en Tenerife (Guía de Isora, Güímar, Granadilla de Abona y Santiago del Teide), otros cuatro en La Gomera (Hermigua, Agulo, Valle Gran Rey y Alajeró), mismo número en La Palma (Puntagorda, Tijarafe, Fuencaliente y Santa Cruz de La Palma) y dos en El Hierro (Frontera y Valverde).

Al respecto, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, señaló que “la única alternativa para evitar sanciones comunitarias derivadas de la existencia de estos vertederos pasa por ejecutar las obras de restauración en el menor plazo posible, lo cual supone que una parte importante de las obras serán ejecutadas por esta Consejería (inversiones capítulo VI) y otras, inevitablemente, por las entidades locales involucradas a través de subvenciones (capítulo VII) del Gobierno de Canarias”.

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