La región debe actualizar el protocolo de 2009 para víctimas del machismo

El viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo, reconocía este miércoles que “la realidad social exige nuevas vías de coordinación institucional”, por lo que se llevará a cabo una actualización del Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Víctimas de Violencia de Género en la Comunidad Autónoma, que comprenderá también las últimas reformas legislativas en la materia.

Además, anunciaba que deberá prestarse una especial atención a la infancia y a la juventud que sufre directa o indirectamente las consecuencias de la violencia de género.

reunión comisión

Fajardo recordó, en la Comisión Técnica de Seguimiento, que el Protocolo se firmó en el año 2009 por lo que “la necesidad de revisarlo y actualizarlo no se puede demorar más”. En tal sentido, el viceconsejero de Justicia agradeció y destacó la participación activa de todas las instituciones, organismos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que forman parte de la misma para mejorar la coordinación institucional de recursos en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como su total implicación para nuevas vías de colaboración.

La reunión contó con la asistencia del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, quien insistió en la necesidad de transversalidad de la existencia de este tipo de comisiones que comprendan a todos los agentes implicados en la violencia, no sólo de las mujeres, sino también de los hijos e hijas menores, que son víctimas directas de la violencia de género.

Por su parte, el director general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Mauricio Aurelio Roque, destacó la importancia de la coordinación, particularmente por el nuevo marco normativo de protección al menor.

A la Comisión asistieron representantes del Instituto Canario de Igualdad, del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Institutos de Medicina Legal, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, Policía Autonómica, CECOES (112), Delegación del Gobierno, Consejería de Sanidad, Dirección General de Seguridad, Federación Canarias de Municipios y Consejo Canario de Abogados.

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