La oposición en Arrecife es unánime al exigir al PSOE que aparte al alcalde

Los partidos de la oposición arrecifeña han coincidido en las últimas horas en exigir la dimisión del alcalde de Arrecife, José Montelongo, tras finalizar la instrucción de tres piezas del caso Montecarlo y la apertura del procedimiento abreviado para que se abra juicio oral, en el que se le ha impuesto una fianza de 1.9 millones de euros.

Somos Lanzarote ya había pedido en septiembre del año pasado su dimisión ante el avance del procedimiento y  el refuerzo de los indicios sobre Montelongo, ahora dicen desde Somos que el tiempo les ha dado la razón.

“Siempre hemos defendido que los imputados mejor fuera de las instituciones, y con más razón si cabe si se trata del Alcalde de Arrecife. El tiempo nos ha dado la razón y refuerza nuestra idea de que José Montelongo debería haber dejado su cargo hace mucho tiempo, y acabar con la sombra de la duda que se cernía sobre la institución y el grupo de gobierno. Definitivamente exigimos que lo haga con la mayor rapidez posible, por una cuestión de ética, de coherencia y por ahorrarle más incertidumbre y desgobierno a la ciudadanía de Arrecife” argumentan.

Somos Lanzarote insta al PSOE a que tome la decisión de expulsar de la institución a José Montelongo. “Es el propio partido el que debe exigirle que se vaya. Si el Partido Socialista quiere seguir manteniendo la coherencia en su discurso y haciendo gala de la ética que pregona, lo más sensato es que exija firmemente a José Montelongo que abandone el cargo institucional.” afirman.

Somos entiende que al margen de las voluntades individuales, el PSOE debería tomar una decisión con responsabilidad y compromiso hacia la ciudadanía de Arrecife. En este sentido, aseguran que “si José Montelongo se mantiene en la Alcaldía el responsable sería el PSOE y CC-PIL sus cómplices”.

Asombro y falta de credibilidad

Fue Ganemos Arrecife el primer partido en la institución en pedir la “dimisión inmediata “del alcalde de Arrecife, José Montelongo. Consideran que “un alcalde al que se piden casi dos millones de fianza por malversación, bajo la sospecha de haber favorecido a determinadas empresas “infringiendo toda la normativa de contratación entre los años 2008 y 2012”, en palabras del propio juez, no puede seguir al frente del consistorio ni un día más”.

Nos asombran las cifras de las que se está hablando, y nos preguntamos incluso como va a conseguir Montelongo 1,9 millones de euros en solo tres días para satisfacer dicha fianza, que suponemos el juez habrá ponderado atendiendo a las cantidades que, tras sus pesquisas, considera han sido sustraídas. Si a ello le sumamos lo que se pide al interventor, hablamos de más de 10 millones de euros, una quinta parte del presupuesto total del Ayuntamiento este año 2016 y casi el doble de lo que va a dedicarse a inversiones”, afirman en un comunicado en la tarde del miércoles.

Por otro lado, también la concejala de Ciudadanos, Delia Hernández, ha afirmado que “mientras dure la sospecha judicial, el alcalde de Arrecife, José Montelongo debería abandonar la primera línea política”; considera que “no se puede recuperar la credibilidad en la ciudadanía, cuando los políticos no predican con el ejemplo”.

El Partido Popular capitalino, a través de su concejala Dácil García también ha señalado al código ético de los socialistas como una solución a la situación vivida en la capital tras el auto judicial que parece poner más en el foco de la sospecha a Montelongo, y recuerda que el código del PSOE apunta que.”cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”, expone.

En cuanto a la interpretación de este código ético que siguen los socialistas, durante las últimas horas algunos cargos se han pronunciado al respecto, y en su mayoría vienen a situar la apertura de juicio oral como el momento en el que esta dimisión debería hacerse efectiva, según entienden.

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