La Guardia Civil denuncia a diez personas por acampar en Chinijo

La Guardia Civil ha tramitado en las últimas semanas 14 denuncias correspondientes a diez personas por diferentes infracciones cometidas en el entorno del Archipiélago Chinijo, faltas que atentaban contra la Ley de Costas y tenían que ver con la acampada ilegal en zonas protegidas y el vertido de residuos.

acampada en Chinijo

Las actuaciones se iniciaron a raíz de varias informaciones ciudadanas sobre la instalación de una serie de casetas ilegales en el espacio protegido donde, según relata la Benemérita, “presuntamente varias grupos de personas realizaban diferentes actividades de marisqueo ilegal, acampada y fiesta nocturnas (realizando fuegos también)”.

Se iniciaba entonces un servicio conjunto entre varias unidades de seguridad para comprobar los hechos e identificar a los usuarios de las citadas estructuras. Se desplazaron a la zona en dos ocasiones durante los meses de septiembre y octubre; sumando un total de 10 personas  denunciadas.

Las maneras de los campistas

Según señala la Guardia Civil, en la mayoría de las ocasiones las personas que acampan se desplazaban a la zona con diversos grupos electrógenos, con los que proporcionaban electricidad a diferentes equipos de música, utilizados para la realización de fiestas nocturnas, pernoctando en el lugar y abandonando casi siempre los residuos generados en el mismo sitio; actividades que generan un importante menoscabo a una zona considerada de especial protección para las aves, especialmente la pardela cenicienta.

En total, la Guardia Civil realizó 14 denuncias administrativas por diferentes infracciones a la mencionada Ley de Costas, concretamente a los artículos 90 apartado c, 91 apartados a y b, que sancionan respectivamente la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, la acampada u ocupación del dominio público marítimo-terrestre y los vertidos de residuos en esa zona.

acampada en Chinijo

Dichas denuncias, las cuales son tramitadas por la Dirección General de Costas, pueden conllevar sanciones económicas comprendidas entre los 300 y los 300.000 euros, dependiendo de varios factores como el daño ocasionado al medio natural.

Paralelamente, la Guardia Civil ha remitido las actuaciones la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), órgano encargado en Canarias de la disciplina urbanística y ambiental, con el objeto de proteger el medio ambiente, para que valore el posible derribo de esas estructuras.

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