La Fiscalía no ve irregular el pasar al consejero Sosa a los No Adscritos

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha propuesto al Juzgado de Arrecife desestimar la demanda del consejero Juan Manuel Sosa contra el Cabildo lanzaroteño por supuesta vulneración de derechos fundamentales, solicitando la suspensión cautelar primero (algo que ya consiguió), y la anulación después, del acto administrativo de toma de conocimiento por el pleno del informe del secretario que dictaminó su pase a la condición de “No adscrito”.

Hay que recordar que recientemente el Juzgado decidió estimar la petición de Sosa de suspender cautelarmente esta expulsión. Y precisamente mañana se reúne el Cabildo de Lanzarote para dar cuenta de esta decisión al plenario.

Según afirma sobre esta decisión el portavoz adjunto de CC-PNC en el plenario, Pedro San Ginés, “Lo sorprendente y aún no explicado fue el porqué la presidenta, en lugar defender con los propios servicios jurídicos del Cabildo sus actos como demandado, contrató al abogado externo Agustín Domingo Acosta para dar la razón al demandante y ‘no oponerse’ -según reza en auto judicial- siendo esta la razón principal por la que entiendo que el Juzgado accedió a la adopción de la medida cautelar, amén del informe de Fiscalía, entonces también favorable a la adopción de la medida”.

“Sin embargo”, apunta el consejero nacionalista, “hoy he tenido conocimiento de que la Fiscalía Provincial de las Palmas ha respondido ya al fondo de la cuestión a requerimiento del Juzgado, con un informe que concluye con la propuesta de desestimación de la demanda, por considerar que no se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales invocados”.

No observa vulneración de derechos

Según se extracta del informe de Fiscalía: “La sola expulsión producto de una sanción disciplinaria no puede ser objeto de reproche en la vertiente del derecho fundamental invocado (…)”. “No habiendo advertido en el caso que nos ocupa, conexión entre el derecho de representación y el proceso disciplinario (…)

Y añade: “(…) nuestra posición, más allá de la prudencia que sostuvimos en la pieza de medidas cautelares, es que el supuesto descrito en el recurso no ha visto afectado el derecho de representación del solicitante (…) no apreciamos arbitrariedad en la decisión de expulsión (…) por tanto, el proceso de expulsión parece correcto…”

Y concluye “por todo lo expuesto consideramos que no habiéndose producido vulneración del derecho fundamental de representación, la demanda debe ser desestimada…”