La Comisión Europea admite una denuncia de El Gincho contra el Estado

La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia presentada por representantes del colectivo ecologista de Lanzarote ‘El Guincho – Ecologistas en Acción’, en la que se advierte que el Gobierno de España ha incumplido el Derecho Comunitario, al no haber tramitado aún la adaptación española de la Directiva 2013/30/UE, que multiplica los requisitos a las empresas petroleras y a los estados para poder autorizar operaciones relativas al petróleo y gas en mar abierto, con el objetivo de prevenir accidentes y limitar sus consecuencias.

“Esta Directiva Europea también permite el acceso a la información por parte de los ciudadanos y obliga a los estados a mantener una posición independiente frente  a los intereses petroleros”, señala el colectivo en nota de prensa.

Su elaboración se llevó a cabo a raíz de las consecuencias de los accidentes en explotaciones petrolíferas en mar abierto, especialmente en el Golfo de México, y ante las demandas de colectivos sociales e instituciones alertados por iniciativas como la del Gobierno de España para realizar explotaciones petrolíferas marinas, que incluso alertaron sobre la lentitud con la que Europa actuaba.

“En su momento, desde los movimientos sociales advertimos de que frente a esta lentitud en Europa, en el Gobierno de España todo eran prisas para tramitar el expediente de la petrolera Repsol en Canarias antes de que entrara en vigor esta Directiva europea. Así la operadora se ahorró trámites, seguros, controles técnicos y de seguridad, e incluso posibles indemnizaciones en caso de accidentes. Todo a favor de las cuentas de la multinacional petrolera”, apuntan desde el grupo donde milita el conocido Pedro Hernández, en la imagen de esta información.

Y continúan: “Ahora vemos cómo el servilismo del Gobierno de España hacia los intereses petroleros va incluso más allá: incumple las indicaciones de Europa y deja preparado un marco legal favorable a los intereses y a los balances económicos de las petroleras, a costa del interés público. Cabe recordar que en su artículo 41, la Directiva 2013/30/UE señala que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el 19 de julio de 2015”.

“Ante ello, lo único que ha hecho el Gobierno de España ha sido comunicar a la Comisión Europea que ha adaptado su Derecho interno a la Directiva 2013/30/UE a través de la Ley 11/2014, de 3 de julio.
Sin embargo la citada Ley 11/2014, en lo que se refiere a la Directiva 2013/30/UE, tan sólo pretende adaptar el Derecho español en un aspecto concreto: el concepto de daño en el estado ecológico de las aguas continentales y marinas. Todo lo demás no existe para el Gobierno de España. Todo lo demás no le interesa el al Gobierno de España ni a las petroleras”.

“Por ello consideramos que con esta medida, el Gobierno español está incumpliendo el artículo 41 de la Directiva 2013/30/UE desde el día 19 de julio de 2015, al haber adoptado únicamente disposiciones concretas relativas a un artículo (el 38) de dicha Directiva y no respecto del resto de las obligaciones establecidas en ella”, finalizan.

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