Gladys Acuña liga la tasa turística con el control de residuos en las islas

La diputada lanzaroteña del Grupo Nueva Canarias, Gladys Acuña, insistió en el debate parlamentario de esta semana sobre el Plan de Residuos de Canarias en la necesidad de aprobar un tributo por estancia diaria por visitante en los establecimientos alojativos de las Islas, “para satisfacer”, decía, “demandas derivadas de la carga de servicios que soporta la Comunidad Autónoma”.

Acuña pidió a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, “estudiar seriamente la aplicación de la tasa porque en las Islas vivimos más de 2 millones de personas y recibimos más de 16 millones de turistas al año, así que necesitamos mejorar mucho en la recogida selectiva y gestión de desechos, y eso requiere inversión”.

Y advirtió que “Canarias es la única de las tres comunidades españolas con mayor peso específico del turismo y número de visitas que no aplica la llamada tasa turística, y como vemos, hay mucho por hacer y mejorar”.

Dijo que además del retraso que lleva Canarias para ponerse al día con la directiva europea y la Ley de Residuos y de Suelos Contaminados que establecen -no solo la obligación de las comunidades autónomas de elaborar su propios planes autonómicos de gestión y prevención de residuos, sino a evaluarlos y revisarlos al menos cada seis años- Gladys Acuña recordó en su intervención que “solo en 2016 la  Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) abrió un total de 1.138 expedientes en virtud de las infracciones de la legislación de residuos. Por eso parece absolutamente necesario aumentar la vigilancia e inspección en este asunto”. 

Imagen de archivo de una intervención parlamentaria de Acuña.

Acuña sostuvo que “tenemos un claro retraso no solo con lo establecido en la normativa y en la directiva, sino con la política de planificación teniendo en cuenta el número de turistas que visitan las Islas”.

Expuso que el último Plan de Residuos de Canarias data del año 1999 con una revisión en 2006 que nunca llegó a aprobarse, aunque ha servido como documento base para trabajar los últimos años.

“No es casualidad que Europa haya abierto un expediente sancionador a Canarias  en 2016 por no hacer sus deberes en la materia”, acotó la parlamentaria lanzaroteña.

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