Esta semana inician las vistas orales de los promotores de La Bufona
Han transcurrido quince años desde que los juzgados lanzaroteños abrieron las diligencias para analizar la posible ilegalidad de la construcción de varios chalés en la urbanización arrecifeña de La Bufona (Arrecife). Será el miércoles día 23 y el jueves, y ya la próxima semana, en otras dos jornadas, cuando se celebran en el Juzgado Número 3 de Arrecife las vistas orales de los afectados.
Los acusados se enfrentan a penas de prisión (hasta cuatro años) y a la demolición de parte de sus viviendas en la petición de la Fiscalía, que considera que las obras de ampliación de las residencias fueron paralizadas en su día por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, una resolución que afectaba a 14 chalés y que no fue respetada.
Según mantiene el Ministerio Fiscal, las 53 viviendas se realizaron en un espacio onde sólo existía posibilidad legal de construir una treintena. En su acusación, señala que la ejecución de las mismas se realizó sin licencia municipal y sin la preceptiva calificación territorial que debe expender el Cabildo de Lanzarote porque ocupaban suelo rústico.
La acusación particular en este caso viene abanderada por la familia Murillo, la propietaria de los terrenos donde se ejecutó la Urbanización. Ellos solicitan hasta 15 años de cárcel para los principales acusados, esto es, para el promotor, Federico Echevarría, y para el constructor, Antonio Caro.
En el banquillo se sentarán el constructor Antonio Caro y el promotor Federico Echevarría, para los que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia.
El morbo de sus insignes propietarios
El Tribunal Supremo anuló hace años la modificación del plan parcial de La Bufona que se hizo en 1998, por lo que actualmente todas las casas están fuera de ordenación. La Apmun ya ordenó el derribo parcial de 14 chalés que ocupan suelo rústico y responsabiliza a los propietarios de las viviendas -once de los cuales, al menos, recurrieron la decisión- de haber ampliado las casas.
Los dos acusados también han sostenido que los que ampliaron las casas fueron los compradores.
Este caso ha obtenido, si cabe, mayor relevancia informativa por la titularidad de algunos de los propietarios de los chalés.
Entre los dueños de esas casas se encuentra un notario, que escrituró -con errores de bulto según la acusación- otras viviendas de esa Urbanización. Otro de los propietarios es el fiscal Miguel Pallarés, entonces fiscal coordinador de Arrecife, y la presidenta insular del PP y concejala capitalina, Astrid Pérez.
