El PP se compromete a intervenir “en la precariedad habitacional de la Isla»

Señalan desde el Partido Popular en Lanzarote que uno de los objetivos de un futuro gobierno de Pablo Casado tras el 28-A será reforzar las políticas en materia de vivienda. Anuncian medidas que pretenden “flexibilizar y favorecer el alquiler dando mayor cobertura e incentivos los arrendadores, con el fin de promover la incorporación al mercado de viviendas en alquiler”, apuntan.

Según argumenta la presidenta insular de la formación, Astrid Pérez, “es evidente que cuantas más trabas le pongamos a los propietarios éstos serán más reticentes a poner a disposición de la sociedad sus inmuebles”.

Explica que los ahorros de muchas familias se han materializado en la adquisición de bienes inmuebles como forma de garantizarse una jubilación digna. “En manos de los poderes públicos está el establecimiento de un sistema justo y ecuánime que garantice el equilibrio entre ambas partes”, ha señalado.

También ha subrayado, dijo, “el compromiso de Casado con el fomento de un aspecto tan importante como es la rehabilitación de edificios de viviendas en zonas urbanas y que afecta de lleno a ciudades como Arrecife”.

“Pasotismo” de las administraciones

Los populares lanzaroteños han querido esta semana poner sobre la mesa lo que definen como “graves problemas de vivienda que existen en la isla y en el conjunto del archipiélago”. Fundamentalmente lo achacan, dicen, “al pasotismo y la desidia” que en esta materia han demostrado “los nacionalistas en el Gobierno de Canarias y los socialistas en Madrid”.
 
Astrid Pérez afirma que es “prioritario y objetivo número uno” que se adopten “medidas para revertir la precariedad habitacional en la que se encuentran muchos lanzaroteños y canarios”. Y critica la política de vivienda del Ejecutivo regional: «No ha sido capaz de ejecutar ni un solo plan de vivienda en los últimos diez años” en la Isla.
 
“En el Partido Popular somos muy conscientes de la realidad que vivimos en Canarias donde existen cerca de 30.000 familias que demandan una vivienda”, señala Pérez, que destaca que ya el gobierno de Rajoy dejó aprobado el Plan estatal de viviendas 2018-2021. Según detallaba, éste incrementaba la dotación económica en casi un 63% hasta alcanzar los 1.443 millones de euros durante los cuatro años.

Las viviendas sociales

Por su parte, el candidato al Senado por Lanzarote y La Graciosa, Joel Delgado, remarca que los proyectos de renovación urbana de las viviendas de Valterra y Titerroy son también “la prioridad número uno». Lo justifica al tratarse de un tema de justicia social. «No vamos a permitir que haya familias enteras viviendo en casas llenas de grietas, apuntaladas y con el temor constante a un posible derrumbe”, ha manifestado Delgado.

“Es intolerable y totalmente vergonzoso que después de que consiguiéramos la financiación del Estado de la mano del Partido Popular se hayan dedicado a torpedear el proyecto. Ello sin tan siquiera solicitar la prórroga de ejecución”, denuncia el candidato a la reelección a la Cámara Alta.

En esta misma línea se ha pronunciado el candidato del Partido Popular al Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina. Él valora como “esencial” que exista sintonía entre las distintas administraciones, independientemente de sus competencias directas… “Porque al fin y al cabo somos los ayuntamientos y los cabildos -cada uno en el marco de sus obligaciones- las corporaciones más cercanas al ciudadano y las que tenemos que paliar las situaciones de emergencia y de desamparo en las que se encuentran las familias. Tanto las que han sido desalojadas por impago o que, sencillamente y desgraciadamente es así, no encuentran una vivienda en la que vivir y las que hay están a precios desorbitados”.

En este contexto, Medina valora positivamente la propuesta del Partido Popular para incrementar la deducción fiscal a los arrendadores. Deducciones anunciadas por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual. Especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos, lo que redundará de forma positiva en que haya más viviendas disponibles.