El PP logra unanimidad a su propuesta de extender los 4 viajes a Península

La diputada del Partido Popular, la lanzaroteña Astrid Pérez, defendió en el Parlamento regional una PNL para instar al Gobierno de Canarias a extender las ayudas al transporte también a los universitarios y alumnos de formación superior que tengan que trasladarse a cursar sus estudios a la Península cuando no exista oferta educativa en Canarias.

La Propuesta No de Ley (que acogió una enmienda transaccional del PSOE) salió adelante en las mismas condiciones que en día se aprobó la concesión y requisitos de los universitarios canarios en sus cuatro trayectos entre Islas, sea a universidades públicas o privadas (Podemos intentó establecer este requisito primando los centros públicos)

Durante la presentación en la Cámara de la PNL, defendida por Astrid Pérez, la diputada hizo especial hincapié en alto número de grados formativos y estudios superiores que no pueden cursarse en Canarias. “No podemos permitir que un solo joven deje de cumplir sus sueños porque no podamos dotarlos de medios económicos para ello”, afirmó en la tribuna la diputada del PP cuando señalaba el peligro de “crear diferencias” cuando se apoya los desplazamientos entre islas y no a la Península, “más, cuando los viajes hacia territorio peninsular suele ser más barato que en el Archipiélago”.

La diputada, durante su intervención del miércoles.

La diputada, durante su intervención del miércoles.

Aprobada por unanimidad, la PNL afectaría a todos los universitarios canarios que estudien en Canarias o en la Península, que se beneficiarán de los cuatro billetes gratuitos para trasladarse durante un curso. Pendiente esta extensión de la aprobación de la Consejería de Educación.

Se trata”, dijo, “de extender la medida anunciada por el presidente Clavijo en el último discurso del estado de la nacionalidad canaria de pagar cuatro trayectos aéreos a los estudiantes universitarios de las islas no capitalinas que cursen sus estudios en las universidad de La Laguna o de Las Palmas de Gran Canaria”. “Es una medida “de sentido común para no discriminar a los alumnos universitarios canarios que se ven obligados a abandonar su lugar de residencia para cursar sus estudios ya sea en las islas capitalinas o en el resto del territorio nacional”, explicó Pérez.

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