El Parlamento llama a la investigación de todos los casos de bebés robados

Alrededor de cien víctimas y familiares de casos de bebés robados acudieron la tarde del miércoles al Pleno del Parlamento de Canarias, llegados de todas las islas, para seguir el desarrollo del debate de una proposición no de ley (PNL) que les afectaba de lleno.

El Cámara daba allí luz verde por unanimidad a esa PNL por la que declara el 30 de agosto de cada año como Día en memoria de los bebés robados y sus familias en Canarias; recoge el reconocimiento de la Cámara de que tan víctimas son los propios menores sometidos a desaparición forzada y posterior compraventa o entrega como sus madres, padres y hermanos u otros allegados cercanos, tal y como han venido estableciendo los organismos internacionales de derechos humanos, y hace un llamamiento urgente a que se emprendan todas las medidas necesarias para impulsar una investigación efectiva y real de todos los casos.

Explican que todas las víctimas tienen por igual el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en todas las formas reconocidas por las Naciones Unidas, del mismo modo que a la propia sociedad de Canarias y del conjunto de España corresponde el derecho a conocer la verdad en su dimensión colectiva y como forma de evitar que tales hechos vuelvan a repetirse.

En este sentido, los diputados y diputadas instaron al Gobierno de Canarias a que, a su vez, haga un llamamiento urgente al Gobierno de España y a la Fiscalía General del Estado para que se emprendan todas aquellas medidas necesarias para “impulsar una investigación efectiva y real de todos los casos, sin que el acceso a la justicia de todas las víctimas se vea indebidamente impedida”, anotan.

La iniciativa parlamentaria también reitera la necesidad de que se garantice el acceso de las víctimas e investigadores a los archivos eclesiásticos y archivos de las clínicas donde se realizaron las desapariciones forzadas, además de cualquier otro archivo y registro de las administraciones.

Una comisión española

El texto aprobado pide al Gobierno de Canarias que inste, a su vez, al Gobierno de España a impulsar la creación de una Comisión Nacional Española por el Derecho a la Identidad que se ocupe del impulso de la investigación de las desapariciones infantiles en todo el territorio nacional y en la que se garantice que tengan una participación efectiva y real las asociaciones de afectados de todo el país.

Por otro lado, insta al Ejecutivo autonómico a trasladar al Gobierno de España la necesidad de crear una base nacional de datos genéticos de titularidad y carácter público, debidamente regulada y en la que los ciudadanos vean salvaguardados y protegidos sus datos. El Parlamento de Canarias manifiestó, además, “su compromiso de seguir apoyando a todas las víctimas y asociaciones de afectados en Canarias por estos graves crímenes con cuantas otras medidas legislativas y declaraciones puedan estar a su alcance”, expusieron en el texto.

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